Ascenso en la administración pública: Jaque a la promoción interna del subgrupo C1 al A1

Desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el año 2007, uno de los temas que más ha generado polémica ha sido el de la promoción interna en la administración pública. Y es que, entre el catálogo de derechos que el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) reconoce a los empleados públicos, se encuentra el derecho a la “progresión en la carrera profesional” y a “desarrollar tareas de mayor responsabilidad”.

Sin embargo, la promoción interna en la administración pública se ha visto limitada en los últimos años debido a un conflicto entre el subgrupo C1 y el subgrupo A1. En este artículo, abordaremos cómo ha afectado esta situación a la promoción interna en la administración pública y cómo ha sido resuelto recientemente mediante sentencia del Tribunal Supremo.

El conflicto entre los subgrupos C1 y A1

La promoción interna en la administración pública se refiere al proceso mediante el cual un empleado público puede ascender en su carrera profesional mediante la adquisición de nuevas responsabilidades y destrezas. Sin embargo, este ascenso se ha visto obstaculizado por el conflicto entre los subgrupos C1 y A1.

El subgrupo C1 está integrado por los cuerpos generales de funcionarios, tales como administrativos, auxiliares administrativos, agentes de hacienda pública, entre otros. Estos funcionarios cuentan con una titulación de Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.

El subgrupo A1, por su parte, está compuesto por los cuerpos superiores de la administración, como los Abogados del Estado, Interventores y Auditores del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, entre otros. Estos funcionarios deben poseer una titulación universitaria de grado superior.

El conflicto surge a raíz de la interpretación que se ha dado al Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la promoción interna entre los subgrupos C1 y A1. Mientras que algunos consideran que solo pueden promocionar los funcionarios del mismo subgrupo, otros sostienen que la promoción es posible entre subgrupos diferentes si se cumplen ciertas condiciones.

La situación hasta la sentencia del Tribunal Supremo

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo, la promoción interna en la administración pública estaba regulada por el Real Decreto 896/1991 y la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana de 1989. Estas normativas establecían que solo era posible la promoción entre subgrupos diferentes si se daban dichas condiciones, lo que suponía una limitación en el derecho a la progresión de los funcionarios del subgrupo C1.

Además, esta restricción se veía agravada por el hecho de que muchas comunidades autónomas tenían sus propias normas al respecto, lo que generaba una gran disparidad en el acceso a la promoción interna entre los distintos funcionarios.

La sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se pronunció el pasado mes de enero de 2019 sobre este tema, dando la razón a los sindicatos y sindicatos de funcionarios que habían presentado recursos contra la limitación en la promoción interna del subgrupo C1 al subgrupo A1.

En su sentencia, el Tribunal Supremo establece que la promoción interna debe ser accesible para todo el personal funcionario, independientemente del subgrupo al que pertenezcan, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para el desempeño de las funciones correspondientes.

De esta manera, se equipara la promoción interna entre subgrupos diferentes al resto de mecanismos de promoción, como la carrera horizontal o la carrera profesional. Además, se garantiza la igualdad de oportunidades para todos los funcionarios y se elimina la disparidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas.

Conclusión

La sentencia del Tribunal Supremo supone un avance en la consolidación de los derechos de los empleados públicos en cuanto a la promoción interna en la administración pública. Ahora, los funcionarios del subgrupo C1 tienen la oportunidad de progresar en su carrera profesional, sin limitaciones injustificadas.

Sin embargo, aún queda pendiente la modificación del Real Decreto 896/1991 y de las normativas autonómicas que regulan la promoción interna en la administración pública, para adecuarlas a la sentencia del Tribunal Supremo y garantizar una aplicación uniforme en todo el territorio.

En definitiva, la promoción interna en la administración pública representa una oportunidad para los empleados públicos de desarrollar su carrera profesional y aumentar su responsabilidad y competencias en la gestión pública. Y, gracias a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se han conseguido mayores garantías de igualdad y de acceso a la promoción para todos los funcionarios.