Cancelación parcial de crédito público a personas físicas: ¿Es posible?

En la sociedad actual, es común que las personas físicas acudan a créditos o préstamos para solventar sus necesidades económicas. Sin embargo, cuando la situación financiera se complica, pueden surgir dificultades para cumplir con los pagos de dichos préstamos. En estos casos, es importante conocer qué posibilidades existen para cancelar parcialmente el crédito público y así poder aliviar la carga económica del deudor.

De acuerdo con la Jurisprudencia española, en particular el fallo del AJM Barcelona de 8 de septiembre de 2020 (JUR 2020, 277069), es posible la cancelación parcial de los créditos públicos a personas físicas. Sin embargo, cabe destacar que este tipo de cancelación no se regula de forma explícita en la legislación española, por lo que es importante comprender cómo y en qué casos puede ser aplicada.

¿Qué es la cancelación parcial de crédito público?

La cancelación parcial de crédito público es un procedimiento que permite al deudor reducir la cantidad de capital adeudado en un préstamo público. Es decir, se trata de una modificación del acuerdo original de préstamo en términos de monto a pagar.

Este tipo de cancelación está prevista en la Ley Concursal española, a través del artículo 176 bis, que establece que en el caso de los concursos de personas naturales, se podrá acordar la cancelación del crédito público, con la consecuente renuncia de la Administración al interés de demora y a las costas del procedimiento, siempre y cuando el deudor cumpla con ciertos requisitos.

¿Bajo qué circunstancias se puede solicitar la cancelación parcial de crédito público?

Para que sea posible la cancelación parcial de crédito público a personas físicas, se deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la Ley Concursal.

En primer lugar, el deudor debe encontrarse en situación de insolvencia, es decir, no contar con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones económicas. Además, debe demostrar su buena fe y presentar una propuesta de convenio de acreedores, que incluya una quita sobre el monto adeudado.

Por otro lado, el deudor no debe contar con antecedentes de quita o espera en los últimos 10 años. Además, no debe haberse declarado en concurso de acreedores en los últimos cinco años, excepto si se trata de un concurso consecutivo.

Por último, es necesario que la Administración Tributaria y la Seguridad Social, en su calidad de principales acreedores públicos, acepten la propuesta de convenio y la inclusión de la cancelación parcial de crédito público.

¿Cómo se tramita la cancelación parcial de crédito público?

Una vez cumplidos los requisitos mencionados anteriormente, el procedimiento para la cancelación parcial de crédito público comienza con la solicitud del deudor ante el Juez del concurso. El deudor deberá presentar su propuesta de convenio y la inclusión de la cancelación parcial de crédito público.

A continuación, el Juez del concurso citará a los acreedores para que se pronuncien sobre la propuesta de convenio y la cancelación parcial de crédito público. Si tanto la Administración Tributaria como la Seguridad Social aceptan la propuesta, el Juez puede acordar la cancelación parcial del crédito público y la firma del convenio.

Conclusiones

En resumen, la cancelación parcial de crédito público es una posibilidad real para las personas físicas que se encuentran en situación de insolvencia. Si se cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Concursal española y se logra el acuerdo con los acreedores, es posible reducir la carga económica para el deudor y alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. Sin embargo, es importante contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho concursal para llevar a cabo este proceso de forma adecuada.