Competencia judicial internacional en casos de sustracción de menores a terceros países

Introducción

La sustracción de menores es un tema complejo y delicado que ha aumentado en los últimos años debido a la globalización y la movilidad cada vez mayor de las personas. Cuando uno de los padres o algún familiar se lleva a un menor a otro país sin el consentimiento del otro progenitor o sin la autorización de un tribunal, esto se considera una sustracción de menores. En estos casos, surge la cuestión de la competencia judicial internacional, es decir, el derecho de cada país a juzgar y resolver estos conflictos. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 24 de marzo de 2021 en el caso SS v. MCP aclara ciertos aspectos con respecto a la competencia judicial internacional en casos de sustracción de menores a terceros países. En este artículo, analizaremos los detalles de esta sentencia y su impacto en este ámbito.

Contexto del caso SS v. MCP

El caso SS v. MCP se refiere a una disputa entre dos progenitores, cada uno de nacionalidad distinta, por la sustracción de su hijo menor a un tercer país. Los hechos del caso son los siguientes: La madre, de nacionalidad nicaragüense, se llevó al hijo a Nicaragua sin el consentimiento del padre, español. A continuación, el padre interpuso una demanda de retorno del menor y de custodia ante un tribunal español. Sin embargo, el tribunal español se declaró incompetente para juzgar el caso y decidió remitirlo al tribunal de Nicaragua.

La competencia judicial internacional en casos de sustracción de menores

En este contexto, la competencia judicial internacional se refiere a la facultad de los tribunales de un país para conocer y resolver un caso que tiene elementos internacionales, como en el caso de SS v. MCP, donde se presenta la sustracción de un menor a un tercer país. La determinación de la competencia dependerá de las normas establecidas por el derecho interno de cada país y, en el caso de la Unión Europea (UE), de las normas establecidas por los Reglamentos de Bruselas II bis y el Convenio de La Haya de 1980.

Análisis de la Sentencia del TJUE

En esta sentencia, el TJUE aclara que en los casos de sustracción de menores a terceros países, la competencia judicial debe determinarse de acuerdo con las normas establecidas por el derecho de la Unión Europea. La primera consideración es si existe un Estado miembro de la UE que tenga una conexión suficiente con el caso. En este sentido, el hecho de que el menor tenga nacionalidad de un Estado miembro ya establece dicha conexión.

Además, el TJUE aclara que en estos casos, es necesario garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los menores, en particular, su derecho a mantener relaciones personales con ambos progenitores. Por lo tanto, si el menor tiene nacionalidad de un Estado miembro, los tribunales de este país deberán verificar si se cumplen las condiciones establecidas por los Reglamentos de Bruselas II bis y el Convenio de La Haya, en términos de residencia habitual del menor y la existencia de una situación de emergencia.

Impacto y consecuencias de la Sentencia

La Sentencia del TJUE en el caso SS v. MCP tiene un impacto significativo en la resolución de casos de sustracción de menores a terceros países. Al establecer que la competencia judicial debe determinarse de acuerdo con las normas establecidas por el derecho de la UE, se garantiza una mayor protección de los derechos fundamentales de los menores y se evita el riesgo de foro shopping, es decir, la elección de un tribunal más favorable por parte del progenitor que sustrae al menor.

Además, esta sentencia establece que en casos de sustracción de menores a terceros países, los tribunales de la UE deben verificar si se cumplen las condiciones establecidas por los Reglamentos de Bruselas II bis y el Convenio de La Haya, lo que garantiza una mayor coordinación entre los países miembros en la resolución de estos conflictos.

Conclusiones

En conclusión, la sentencia SS v. MCP del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara aspectos fundamentales con respecto a la competencia judicial internacional en casos de sustracción de menores a terceros países. Al establecer que la competencia se determinará de acuerdo con el derecho de la UE y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores, esta sentencia tiene un impacto significativo en la resolución de estos conflictos y promueve una mayor coordinación entre los países miembros.