Medición de distancia en una orden de alejamiento: ¿Juez o línea recta?

Medición de distancia en una orden de alejamiento: ¿Juez o línea recta?

La medición de distancia en una orden de alejamiento es un tema que ha generado controversia en los tribunales españoles. En concreto, la discrepancia se centra en si debe ser el juez quien determine la distancia a la que debe mantenerse el agresor respecto a la víctima, o si esta medida debe ser establecida de forma lineal.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en la sentencia STS 691/2018, de 21 de diciembre 2018 (RJ 2018, 5702). En ella, se establece cuál es el criterio a seguir para la medición de distancia en una orden de alejamiento y se profundiza en los argumentos que sustentan dicha decisión.

¿Qué es una orden de alejamiento?

Antes de entrar de lleno en el debate sobre la medición de distancia, es necesario aclarar qué es exactamente una orden de alejamiento. Se trata de una medida cautelar que se impone a un presunto agresor en casos de violencia de género. Su objetivo es proteger a la víctima y evitar que el agresor pueda acercarse o comunicarse con ella.

La adopción de esta medida es competencia exclusiva de los jueces y tribunales españoles, y puede ser solicitada por la propia víctima, por sus familiares o incluso por el fiscal. En caso de que el juez considere que existe un riesgo real de que el agresor pueda causar daño a la víctima, podrá acordar una orden de alejamiento.

El conflicto sobre la medición de distancia

Una vez aclarado el concepto de orden de alejamiento, nos centramos en la cuestión que nos ocupa: ¿quién debe decidir la distancia a la que debe mantenerse el agresor? Algunos jueces han optado por establecer una medida lineal, determinando una distancia fija a la que el agresor debe mantenerse alejado de la víctima. Por ejemplo, podrían acordar que no debe acercarse a menos de 500 metros de la víctima en ningún momento.

Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por todos los sectores. Muchos abogados defensores argumentan que esta medida es demasiado restrictiva y que limita los derechos del agresor, especialmente en situaciones en las que, por ejemplo, ambos viven en la misma vecindad o trabajan en el mismo lugar.

Por otro lado, está la postura de algunos jueces que, aunque no establecen una medida lineal, sí se encargan de fijar una distancia en cada caso, determinando así un espacio seguro para la víctima.

La sentencia del Tribunal Supremo

Ante esta discrepancia, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en la sentencia STS 691/2018, de 21 de diciembre 2018 (RJ 2018, 5702). En ella, se establece que la medida a tomar en cada caso debe ser acordada por el juez, no siendo válido ni el establecimiento de una medida lineal ni el dejar completamente en manos de la víctima la elección de la distancia.

El Tribunal Supremo considera que es responsabilidad del juez garantizar la seguridad de la víctima y proteger sus derechos, así como también los del agresor. Por ello, la medida de distancia debe ser adaptada a cada caso en concreto, teniendo en cuenta factores como la gravedad de la agresión, la relación previa entre víctima y agresor, entre otros.

Subtemas a destacar

Para profundizar en la sentencia y en la temática en general, es importante tener en cuenta algunos subtemas que pueden ser relevantes:

• La importancia de la protección de la víctima: en cualquier caso, la seguridad y protección de la víctima deben ser la prioridad, es por ello que se establece una medida cautelar como la orden de alejamiento.
• Los derechos del agresor: aunque el agresor debe ser sancionado por sus actos, también tiene derechos que deben ser protegidos por el sistema judicial.
• El análisis de cada caso en particular: no hay una respuesta única para la medición de distancia, cada caso debe ser analizado y valorado de forma individual para determinar la medida más adecuada.

En conclusión

La medición de distancia en una orden de alejamiento no es una cuestión sencilla y, como hemos visto, ha generado cierta controversia en los tribunales españoles. Sin embargo, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, se ha establecido un criterio claro y único para abordar esta medida de protección a la víctima. Además, es importante tener en cuenta la complejidad de cada caso en concreto y valorar todos los aspectos necesarios para garantizar una adecuada protección a la víctima y el respeto a los derechos del agresor.