Nueva Ley de Divulgación No Financiera: Todo lo que necesitas saber

Introducción

La nueva Ley de Divulgación No Financiera ha sido aprobada recientemente en España y ha generado una gran cantidad de interés y debate en el sector empresarial. Esta normativa tiene como objetivo principal garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en la divulgación de información no financiera por parte de las empresas.

¿Qué es la nueva Ley de Divulgación No Financiera?

La Ley de Divulgación No Financiera es una normativa europea que establece la obligación para las grandes empresas de informar sobre aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza en su actividad empresarial. Esta ley viene en respuesta a la creciente preocupación de la sociedad por la sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas en estos aspectos.

¿A quiénes afecta?

La ley afecta a las grandes empresas con más de 500 empleados y cuyo balance general sea superior a 20 millones de euros. También aplica a las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa y a las entidades financieras y aseguradoras.

Objetivos de la ley

Transparencia: Uno de los principales objetivos de esta ley es asegurar que las empresas sean transparentes en su divulgación de información no financiera. Esto significa que deben proporcionar información fiable y relevante sobre su impacto social, medioambiental y de gobernanza.

Sostenibilidad: La ley también busca promover la sostenibilidad en la actividad empresarial y alentar a las empresas a adoptar prácticas más responsables y sostenibles.

Responsabilidad: Con esta ley, las empresas son responsables de la divulgación de información no financiera y deben informar de manera precisa y completa sobre sus políticas y estrategias sostenibles.

¿Qué tipo de información no financiera se debe divulgar?

La información no financiera que debe ser divulgada incluye aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza que pueden tener un impacto significativo en el desempeño de la empresa a corto y largo plazo. Estos pueden incluir, entre otros:

– Políticas de diversidad e igualdad.
– Acciones para fomentar la inclusión y la no discriminación.
– Prácticas de seguridad y salud en el trabajo.
– Emisiones de gases de efecto invernadero.
– Consumo de energía y de recursos naturales.
– Gestión de residuos y emisiones contaminantes.
– Ética y transparencia en la cadena de suministro.
– Participación en proyectos de responsabilidad social.
– Información sobre la gobernanza y estructura corporativa de la empresa.

Es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que cada empresa deberá evaluar cuáles son las cuestiones relevantes para su actividad y sector.

¿Cómo se debe realizar la divulgación de información no financiera?

La ley establece que la información no financiera debe ser divulgada en un informe de sostenibilidad anual, junto con el informe de gestión y las cuentas anuales de la empresa. El informe debe ser elaborado teniendo en cuenta los principios de materialidad, exhaustividad, comparabilidad y coherencia.

Además, la información debe ser verificada por un auditor externo independiente y cumplir con los estándares internacionales reconocidos, como el GRI (Global Reporting Initiative) o el SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Sanciones por incumplimiento

La ley establece sanciones para las empresas que no cumplan con sus obligaciones de divulgación, que pueden variar desde multas económicas hasta la exclusión de beneficios fiscales o la suspensión del acceso a subvenciones y financiación pública.

¿Cuándo entra en vigor la ley?

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2022, por lo que las empresas afectadas tendrán que presentar su primer informe de sostenibilidad de conformidad con la nueva ley en 2023.

Conclusión

La nueva Ley de Divulgación No Financiera supone un paso importante para promover la transparencia y la sostenibilidad en la actividad empresarial. Las empresas deben estar preparadas para cumplir con sus obligaciones de divulgación y deben verlo como una oportunidad para mejorar su desempeño en materia de impacto social, medioambiental y de gobernanza.