Pensión por desequilibrio: ¿Hasta cuándo puede extenderse?

La pensión por desequilibrio es una figura jurídica que puede ser desconocida por muchas personas, pero que tiene gran importancia en el ámbito del derecho de familia y en la protección a los cónyuges en caso de divorcio o separación. Esta pensión tiene como objetivo compensar el desequilibrio económico que se produce en uno de los cónyuges tras la ruptura matrimonial, ya sea por su edad, estado de salud, dedicación al cuidado de los hijos o por cualquier otra circunstancia que conlleve una desventaja económica en comparación con el otro cónyuge.

Recientemente, esta figura ha sido objeto de un debate en los tribunales y ha generado una importante sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 11 de diciembre de 2018, recogida en JUR 2018, 331858. Esta sentencia ha abierto la puerta a posibles cambios en las condiciones de la pensión por desequilibrio y ha generado dudas sobre hasta cuándo puede extenderse esta compensación económica.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la pensión por desequilibrio no tiene una duración determinada por ley, sino que dependerá de las circunstancias de cada caso concreto. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido algunos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar la duración de esta pensión.

La primera cuestión a tener en cuenta es que la pensión por desequilibrio solo puede ser otorgada en los casos en los que se acredite una situación de desequilibrio económico entre los cónyuges tras la separación o divorcio. Este desequilibrio puede ser temporal o permanente, pero siempre debe estar suficientemente justificado. También se exige que dicho desequilibrio sea consecuencia directa de la ruptura matrimonial.

Otro factor determinante es la capacidad económica de ambos cónyuges. La pensión por desequilibrio se basa en el principio de solidaridad entre los cónyuges y, por tanto, solo puede ser otorgada cuando el cónyuge perceptor no tiene recursos suficientes para poder mantener un nivel de vida similar al que tenía durante el matrimonio. Por otro lado, el cónyuge obligado a pagar la pensión debe contar con una capacidad económica suficiente para afrontarla sin que ello suponga una situación de desequilibrio económico para él.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2018 ha establecido que la pensión por desequilibrio no debe ser concedida de forma automática o indefinida, sino que debe ser revisada periódicamente para comprobar si persisten las circunstancias que motivaron su concesión. Esto quiere decir que, si se acredita que el cónyuge perceptor ha recuperado su capacidad económica o ha encontrado un nuevo trabajo que le permita mantener su nivel de vida, la pensión podría ser extinguida o reducida.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo también establece que el cónyuge obligado a pagar la pensión puede solicitar su revisión en el caso de que su situación económica se vea notablemente deteriorada por cualquier causa, como por ejemplo la pérdida de empleo o una reducción significativa en sus ingresos.

Otro aspecto importante que señala esta sentencia es que la pensión por desequilibrio no debe ser entendida como una medida de protección indefinida, sino como una ayuda temporal para permitir al cónyuge perceptor rehacer su vida y recuperar su situación económica. Por tanto, si se acredita que dicho cónyuge ha encontrado un trabajo estable o ha mejorado su situación económica de otra forma, la pensión puede ser revisada o incluso extinguida.

En resumen, la pensión por desequilibrio no tiene un plazo determinado de duración, sino que dependerá de las circunstancias de cada caso. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que debe ser revisada periódicamente y que su concesión no debe ser automática o indefinida. Es importante tener en cuenta que el objetivo de esta pensión es ayudar al cónyuge con menor capacidad económica a recuperar su situación financiera, y no mantener una dependencia económica a largo plazo.

En conclusión, la pensión por desequilibrio es una medida de protección importante para asegurar una justa compensación económica tras una ruptura matrimonial, pero su duración y condiciones deben ser revisadas y ajustadas en función de las circunstancias de cada caso concreto. La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2018 ha establecido criterios claros para la concesión y revisión de esta pensión, con el objetivo de garantizar una justa distribución de los recursos económicos entre los cónyuges tras una separación o divorcio.