Prohibiciones de contratar y self cleaning: cumplimiento en competencia

La reciente entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) ha supuesto una importante reforma en el ámbito de la contratación pública, incluyendo en su articulado un apartado específico sobre las prohibiciones de contratar y el mecanismo de self cleaning. Estas disposiciones tienen como objetivo garantizar la transparencia y la integridad en los procesos de contratación, así como prevenir la participación de empresas o personas en prácticas ilícitas en el ámbito de la competencia.

Sin embargo, la complejidad en la redacción de la LCSP ha generado múltiples cuestiones interpretativas en relación a estas materias, lo que ha llevado a una cierta incertidumbre por parte de las empresas a la hora de presentarse a licitaciones públicas. Por ello, en este artículo analizaremos las principales cuestiones en torno a las prohibiciones de contratar y el mecanismo de self cleaning, con el objetivo de aclarar su funcionamiento y cumplimiento en materia de competencia.

Prohibiciones de contratar: ¿quién y por qué?

La LCSP establece una serie de prohibiciones de contratar que afectan tanto a las empresas como a las personas físicas que participan en la contratación pública. Estas prohibiciones se aplican en casos en los que exista un conflicto de intereses o una falta de integridad en la empresa o en su representante legal, y tienen como objetivo proteger los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación en los procesos de contratación.

Entre las personas físicas que pueden verse afectadas por estas prohibiciones se encuentran los administradores, representantes legales y directivos de las empresas licitadoras, así como aquellas personas que tengan una participación significativa en las mismas. Además, la LCSP también contempla la posibilidad de prohibir la contratación de empresas que hayan incurrido en ciertas prácticas ilegales, como el fraude, la corrupción o el incumplimiento grave de sus obligaciones fiscales y laborales.

Self cleaning: una segunda oportunidad para las empresas

El mecanismo de self cleaning, introducido en la LCSP, establece una vía para que las empresas puedan demostrar su cumplimiento de los requisitos de integridad y buena conducta exigidos en la contratación pública. Esto implica que aquellas empresas que hayan sido sancionadas o condenadas por prácticas ilícitas podrán presentar medidas correctivas y preventivas para demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo y así eludir las prohibiciones de contratar.

Esta figura es especialmente importante en el ámbito de la competencia, ya que permite a las empresas sancionadas por autoridades de competencia demostrar su cumplimiento con las normas de libre competencia y participar en licitaciones públicas. Sin embargo, la LCSP no establece en qué momento se pueden presentar estas medidas, lo que ha generado una gran incertidumbre en cuanto a su plazo y validez.

La importancia de una política de compliance

Ante la complejidad y las posibles interpretaciones que pueden derivarse de las prohibiciones de contratar y el self cleaning en materia de competencia, resulta imprescindible contar con una adecuada política de compliance en las empresas. Esto implica la implementación de medidas de prevención, detección y corrección de posibles prácticas ilícitas, con el objetivo de garantizar la transparencia y la integridad en la contratación pública.

Además, una correcta política de compliance puede ser un factor determinante para demostrar el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo y, por tanto, para poder acceder al mecanismo de self cleaning en caso de ser sancionada por prácticas anticompetitivas.

En resumen, las prohibiciones de contratar y el self cleaning son dos aspectos fundamentales en la Ley de Contratos del Sector Público y tienen una gran relevancia en el ámbito de la competencia. Por ello, es esencial que las empresas conozcan su alcance y requisitos, así como la importancia de contar con una política de compliance adecuada, para poder cumplir con las obligaciones establecidas en materia de contratación pública y competencia.