. Protección de whistleblowers en España: un análisis comparativo con otras jurisdicciones

Introducción

La figura del whistleblowing, o denuncia interna de irregularidades, ha adquirido cada vez más relevancia en el ámbito empresarial y político en los últimos años. Se trata de una práctica que permite a los empleados o colaboradores de una organización informar sobre posibles conductas ilícitas o irregulares que afecten al funcionamiento de la empresa o al interés público.

Sin embargo, la decisión de denunciar puede ser difícil y arriesgada, ya que en muchos casos el denunciante puede sufrir represalias por parte de la organización denunciada. Por ello, la protección de los whistleblowers se ha convertido en un tema de gran importancia en diferentes jurisdicciones, incluyendo España.

En este artículo, analizaremos la situación de protección de los denunciantes en España en comparación con otros países, así como las particularidades y avances en este ámbito.

Protección de los whistleblowers en España

Actualmente, en España no existe una ley específica que regule y proteja la figura del whistleblowing. Sin embargo, existen ciertas disposiciones en diferentes leyes que ofrecen protección a los empleados que decidan denunciar irregularidades en la empresa en la que trabajan.

En primer lugar, el Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tienen derecho a denunciar de buena fe situaciones que consideren ilegales o contrarias a los derechos fundamentales de los trabajadores, sin sufrir represalias por parte de la empresa. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen el deber de informar a sus superiores sobre cualquier situación de riesgo laboral, y prohíbe la discriminación o represalias por parte de la empresa hacia aquellos que ejerzan este derecho.

En cuanto a los empleados del sector público, el Estatuto Básico del Empleado Público establece que tienen el deber de denunciar a sus superiores cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito o falta dentro de la Administración Pública.

Por otro lado, el Código Penal español reconoce la figura del «denunciante de buena fe» y establece como un delito la represalia o trato discriminatorio hacia aquellos que ejerzan su derecho a denunciar conductas irregulares.

Comparativa con otras jurisdicciones

A nivel internacional, muchos países han adoptado legislaciones específicas para proteger a los whistleblowers. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley establece medidas de protección y compensación para aquellos empleados que denuncien irregularidades financieras en sus empresas. Además, existe la Oficina de Denunciantes de Fraude dentro del Departamento de Trabajo, que ofrece protección y asesoramiento a los denunciantes.

En la Unión Europea, la Directiva 2019/1937, aprobada el pasado año, establece una protección a nivel comunitario para quienes denuncien irregularidades en el ámbito laboral en cualquier Estado miembro. Esta ley obliga a los Estados a establecer sanciones para aquellos que tomen represalias contra los whistleblowers y a proteger su identidad.

Otro país que destaca en este ámbito es Reino Unido, donde existe la Oficina de Protección al Denunciante, que ofrece asesoramiento y protección a los whistleblowers en empresas privadas y organismos públicos. Además, las legislaciones laborales en este país prohíben las represalias contra aquellos que denuncien irregularidades.

Particularidades en España

A pesar de que en España no existe una ley específica de protección al whistleblowing, se han dado algunos avances en este ámbito. Por ejemplo, en abril de 2020 se aprobó el Proyecto de Ley de Protección a los Denunciantes de Corrupción, que buscaba proteger a aquellos que denuncien casos de corrupción, con medidas como la protección de su identidad, la posibilidad de ser compensados económicamente y la prohibición de represalias.

Además, en mayo de 2021 entró en vigor la Ley de Transparencia que, entre otras cosas, establece un marco legal para la protección de los denunciantes de irregularidades en la Administración Pública.

Sin embargo, aún se necesitan medidas más concretas y una legislación específica que regule la protección de los whistleblowers en España, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

Conclusiones

En conclusión, aunque en España todavía se está avanzando en la protección de los whistleblowers, existen ciertas disposiciones legales que ofrecen cierta protección a los denunciantes. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en este ámbito, especialmente con la aprobación de una ley específica que cubra todas las áreas y sectores, y que garantice una protección efectiva a aquellos que decidan denunciar irregularidades en sus empresas o en la Administración Pública.

Es importante promover un entorno seguro para los whistleblowers, ya que su labor puede ser crucial en la detección y prevención de conductas ilícitas que puedan perjudicar a la sociedad en su conjunto. Por ello, es necesario seguir avanzando en la legislación y apoyar a aquellos que deciden denunciar, con el fin de fomentar una cultura de transparencia y ética empresarial.