¿Quién paga la sanidad de los presos? Análisis del fallo de la STS 222/2019

La atención médica en las prisiones es un tema controvertido que ha generado discusiones en la sociedad. Una de las mayores interrogantes es ¿quién paga la sanidad de los presos? En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 222/2019 ha marcado un importante precedente en cuanto a la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de cubrir los gastos médicos de los internos. A continuación, se analiza en detalle este fallo y su impacto en el sistema penitenciario español.

La resolución del TS: ¿quién paga la atención médica de los presos?

En la STS 222/2019, el Tribunal Supremo resolvió una demanda interpuesta por un interno que solicitaba a la Administración Penitenciaria el pago de los gastos médicos derivados de una intervención quirúrgica. La Administración se negaba a asumir el coste argumentando que no existía una norma que le obligara a ello. Sin embargo, el TS consideró que la atención médica de los presos es una responsabilidad de la Administración y, por tanto, debe ser cubierta por ella.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Supremo se basó en el artículo 18 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que establece que los internos tendrán derecho a la asistencia sanitaria completa y gratuita. Además, el fallo tuvo en cuenta el artículo 55.2 de la misma ley, que señala que la Administración Penitenciaria será responsable de la cobertura de los gastos médicos y tratamientos de los internos. Por lo tanto, queda claro que la responsabilidad de pagar la atención médica de los presos recae en la Administración Penitenciaria.

Impacto en el sistema penitenciario español

Esta decisión del TS ha tenido un gran impacto en el sistema penitenciario español, ya que ha sentado las bases para una mejor atención médica de los internos. Anteriormente, los presos debían recurrir a sus propios medios o a la ayuda de sus familiares para cubrir los gastos médicos. Esto, además de ser una carga económica para ellos, también dificultaba el acceso a tratamientos médicos necesarios.

Con esta resolución, los presos no solo tienen asegurada una atención sanitaria completa y gratuita, sino que también se les garantiza un derecho fundamental: su derecho a la salud. De esta forma, se equipara su situación a la del resto de ciudadanos en cuanto al acceso a servicios de salud.

El principio de igualdad en la atención médica de presos y no presos

La situación de los presos en materia de atención médica ha sido objeto de debate en cuanto a su equiparación con las personas que no están privadas de libertad. Sin embargo, como señala la STS 222/2019, la Constitución Española establece en su artículo 43 el derecho de todos a la protección de la salud. Por tanto, no se puede discriminar a los internos en este aspecto por su condición de presos.

Además, es importante destacar que la atención médica es uno de los aspectos más relevantes en la resocialización de los presos. Una adecuada atención sanitaria puede contribuir a la recuperación y reinserción social de los internos, lo que redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Listas ordenadas

• La STS 222/2019 establece un precedente en la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de cubrir los gastos médicos de los presos.
• La Administración se negaba a asumir estos gastos, pero el TS resolvió que la atención médica de los presos es su responsabilidad.
• La ley orgánica General Penitenciaria establece que los internos tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita y completa y que la Administración debe cubrir sus gastos médicos.
• Este fallo ha tenido un gran impacto en el sistema penitenciario español, garantizando un mejor acceso a la atención médica de los internos.
• La Constitución Española establece el derecho de todos a la protección de la salud, sin discriminación por su condición de presos.
• Una adecuada atención médica contribuye a la resocialización de los presos y, por tanto, beneficia a la sociedad en su conjunto.

Conclusión

En conclusión, la STS 222/2019 ha sido una resolución trascendental en cuanto a la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de cubrir los gastos médicos de los presos. Este fallo ha sentado las bases para una mejor atención sanitaria de los internos y ha permitido equiparar su situación a la del resto de ciudadanos en cuanto al acceso a servicios de salud. Además, este precedente contribuye a la resocialización de los presos y, por tanto, beneficia a la sociedad en su conjunto.