Revocada nulidad del PGOU de Boadilla del Monte por ausencia del Informe de Impacto de Género

El 10 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo emitió una sentencia con un fallo histórico en cuanto a la planificación urbanística en España. En ella, revocaba la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, que había sido aprobado en 2011, por la ausencia del Informe de Impacto de Género. Esta resolución ha generado gran controversia y ha puesto en el debate público la importancia de dicho informe en la toma de decisiones en materia urbanística.

La sentencia, recogida bajo la referencia JUR 2018, 327166, ha sido recibida con satisfacción por parte de las organizaciones feministas, que llevan años defendiendo la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Sin embargo, también ha generado preocupación y críticas por parte de otros sectores, que consideran excesiva la injerencia del Tribunal Supremo en cuestiones urbanísticas.

La sentencia del Tribunal Supremo, emitida tras un recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), declara nulo el fallo anterior y revoca la sentencia que anulaba el PGOU de Boadilla del Monte. El TSJM había anulado dicho PGOU al no haberse incluido el Informe de Impacto de Género en el expediente, considerando que su ausencia vulneraba el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

La importancia de este informe radica en que permite evaluar cómo las normas y políticas urbanísticas pueden afectar de manera diferencial a la población en función de su género. Es decir, analiza si las decisiones tomadas tienen en cuenta las necesidades y problemáticas específicas de mujeres y hombres, evitando así posibles discriminaciones. En el caso del PGOU de Boadilla del Monte, el informe había sido solicitado por el Ayuntamiento al Instituto de la Mujer de la Comunidad de Madrid, pero no había sido incluido en el expediente.

La sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar lo establecido en la ley 2/2018, de 28 de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad de Madrid, que obliga a incorporar la perspectiva de género en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas públicas. Además, el tribunal considera que su ausencia en el expediente del PGOU de Boadilla del Monte vulnera el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, recogido en el artículo 9.2 de la Constitución Española y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por España en 1983.

Este fallo del Tribunal Supremo sienta un importante precedente, ya que es la primera vez que revoca una anulación de un plan urbanístico por la falta de inclusión del Informe de Impacto de Género. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta sentencia en la práctica? ¿Cuáles son las consecuencias para la planificación urbana en España?

En primer lugar, esta sentencia supone un avance en la lucha por la igualdad de género en la toma de decisiones en materia urbanística. Al obligar a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y planes urbanísticos, se garantiza que se tenga en cuenta la realidad de mujeres y hombres y se eviten posibles discriminaciones. Además, se establece una herramienta clave para la promoción de la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad.

Sin embargo, también hay quienes critican esta sentencia por considerar que el Tribunal Supremo está asumiendo competencias que no le corresponden, invadiendo en materia urbanística. Además, señalan que la inclusión del Informe de Impacto de Género podría ralentizar y encarecer la elaboración de los planes urbanísticos, así como dificultar su aprobación. A pesar de estas críticas, la sentencia no deja lugar a dudas: la perspectiva de género debe ser tenida en cuenta en la planificación urbana.

En conclusión, la revocación de la anulación del PGOU de Boadilla del Monte por la ausencia del Informe de Impacto de Género es una sentencia que marca un antes y un después en la planificación urbanística en España. Su importancia radica en que establece la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en todos los planes y políticas urbanísticas, garantizando así la igualdad de género en este ámbito. Sin duda, un paso más hacia una sociedad más justa e igualitaria.