Ampliación del Fondo de Garantía Salarial: novedades y cambios según el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una importante Sentencia el pasado 28 de junio de 2018 en relación a la ampliación del Fondo de Garantía Salarial. Dicha sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un juzgado español en relación a la compatibilidad de las disposiciones nacionales con el derecho de la UE. En este artículo, analizaremos las novedades y cambios que se derivan de esta sentencia y su impacto en la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador.

Contexto y antecedentes de la ampliación del Fondo de Garantía Salarial

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es un organismo estatal español que tiene como objetivo garantizar el pago de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores en caso de insolvencia o quiebra del empleador. Este organismo se financia mediante las aportaciones empresariales y cuenta con un límite máximo de 120 días de salario para las indemnizaciones por despido y de seis mensualidades para los salarios impagados.

En 2012, España introdujo una serie de medidas de austeridad en el sector público y privado, que incluían una reducción de las aportaciones al FOGASA. Debido a esta medida, muchas personas se quedaron sin cobertura en caso de insolvencia de su empleador. Como resultado, en 2013 se amplió el límite máximo de pago de 120 días a 12 mensualidades para las indemnizaciones por despido y se aumentó el número de días de salario cubiertos en caso de impago (de 120 a 150) para garantizar una mejor protección a los trabajadores.

No obstante, en 2014, el Gobierno español volvió a reducir el límite de pago del FOGASA de 12 a 6 mensualidades para las indemnizaciones por despido, alegando que esta medida era una “limitación razonable”, ya que el aumento anterior suponía un peso considerable sobre las empresas y podía afectar su competitividad en el mercado. A raíz de esta reducción, en 2016, el Sindicato Comisiones Obreras planteó una cuestión prejudicial al TJUE sobre la compatibilidad de esta medida con la legislación de la UE.

La sentencia del TJUE

En su sentencia, el TJUE concluyó que la reducción del límite máximo de pago del FOGASA en 2014 era contraria al derecho de la UE, ya que limitaba la protección del trabajador frente a los impagos de su empleador. En primer lugar, la sentencia señaló que el principio de igualdad de trato entre los trabajadores y empresarios impide que se establezcan medidas discriminatorias contra los trabajadores en caso de insolvencia del empleador.

Además, el TJUE destacó que la protección del trabajador en caso de insolvencia del empleador es un derecho fundamental que debe ser garantizado por los Estados miembros, y que la reducción del límite máximo de pago del FOGASA afectaba significativamente a este derecho. Por tanto, el Tribunal concluyó que la medida española era contraria al derecho de la UE y al principio de protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador.

Impacto de la sentencia en la ampliación del Fondo de Garantía Salarial

La sentencia del TJUE tiene un impacto directo en la protección de los trabajadores en caso de insolvencia de su empleador. A partir de ahora, los trabajadores tendrán derecho a recibir una indemnización de hasta 12 mensualidades por despido y 150 días de salario en caso de impago, independientemente de la situación económica del país o de las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno.

Además, esta sentencia sienta un importante precedente en cuanto al derecho de los trabajadores a recibir una protección adecuada en caso de insolvencia del empleador, ya que prioriza los derechos de los trabajadores frente a las medidas de austeridad y a la competitividad de las empresas.

En conclusión, la sentencia del TJUE sobre la ampliación del Fondo de Garantía Salarial supone un gran avance en la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. Este fallo refuerza la importancia de garantizar una protección adecuada a los trabajadores en situaciones de crisis económica y hace hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.