Análisis del artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil: ¿Constitucional o no?

Análisis del artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil: ¿Constitucional o no?

El artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ha generado cierto debate en la comunidad jurídica desde su incorporación en el año 2015. Esta norma, en concreto, regula la facultad de los jueces de ordenar medidas cautelares en los procedimientos seguidos en juicios verbales o en cualesquiera otros procedimientos declarativos siempre que existan indicios razonables de que el demandante pueda sufrir un perjuicio grave.

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado por medio de su Sentencia núm. 72/2018, de 21 de junio (RTC201872), la inconstitucionalidad del artículo 188.1 de la LEC, que hace referencia a la misma materia que el artículo 454 bis. Esta declaración ha generado cierta incertidumbre en el ámbito jurídico sobre la eventual inconstitucionalidad del artículo 454 bis, por lo que se hace necesario realizar un análisis detallado de esta norma y su posible compatibilidad con la Constitución Española.

Alcance y contenido del artículo 454 bis de la LEC

El artículo 454 bis de la LEC establece que, a solicitud de parte, el tribunal podrá acordar medidas cautelares mediante auto motivado, siempre que existan indicios razonables de que el demandante pueda sufrir un perjuicio grave. Estas medidas cautelares se adoptarán, entre otras razones, para evitar la sustracción de bienes o documentos esenciales para la resolución del pleito.

Además, esta norma prevé un plazo de tres días para que el demandante presente la demanda de juicio verbal o la demanda de juicio ordinario, en caso de que esta no se haya presentado previamente. En caso de que no se presente la demanda en el plazo establecido, las medidas cautelares serán dejadas sin efecto.

Análisis de la posible inconstitucionalidad del artículo 454 bis de la LEC

La Sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 188.1 de la LEC, señalando que esta norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Esto se debe a que, al establecer un plazo de tres días para presentar la demanda en los procedimientos civiles ordinarios, se impide a las partes ejercitar su derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso justo.

Sin embargo, esta Sentencia no aborda directamente la posible inconstitucionalidad del artículo 454 bis de la LEC. A pesar de esto, es posible establecer algunos puntos de conexión entre ambas normas y apuntar a la posible vulneración del mismo derecho fundamental en la regulación del artículo 454 bis.

Por un lado, el plazo de tres días establecido en el artículo 454 bis también podría ser considerado como una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que puede suponer una carga excesiva para la parte demandante y limitar su derecho a una defensa adecuada en el proceso.

Por otro lado, la exigencia de que existan indicios razonables de que el demandante pueda sufrir un perjuicio grave para la adopción de medidas cautelares podría ser considerada como una limitación a la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que en algunos casos puede ser difícil acreditar estos indicios sin tener acceso a una investigación completa de las pruebas.

En este sentido, algunos expertos jurídicos ponen en duda la compatibilidad del artículo 454 bis con el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. Esto se debe a que, en muchos casos, la adopción de medidas cautelares supone una restricción de derechos para la parte demandada, y estas medidas deberían estar debidamente justificadas y basadas en pruebas sólidas.

No obstante, aún no se ha pronunciado un órgano competente sobre la inconstitucionalidad del artículo 454 bis de la LEC, por lo que es importante seguir atentos a posibles desarrollos en este aspecto.

Conclusión

En resumen, el artículo 454 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha generado cierta controversia en el ámbito jurídico, especialmente por la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 188.1 de la LEC no se pronuncia directamente sobre el artículo 454 bis, es posible establecer algunos puntos de conexión entre ambas normas y poner en duda su constitucionalidad.

Por lo tanto, es necesario seguir analizando y debatiendo sobre este tema, para garantizar que los derechos fundamentales de todas las partes en un proceso judicial sean respetados y protegidos.