Anulado el decreto de cierre perimetral de la Comunidad Valenciana: el presidente no tiene competencia para aplicarlo

Anulado el decreto de cierre perimetral de la Comunidad Valenciana: el presidente no tiene competencia para aplicarlo

El pasado 24 de enero, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, firmó el Decreto 2/2021 por el cual se establecían medidas excepcionales de restricción para el acceso y la circulación de personas en todo el territorio de la comunidad, con el objetivo de contener la propagación del COVID-19. No obstante, dicho decreto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

En el recurso, se solicitaba la anulación del Decreto 2/2021 bajo el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, argumentando que el presidente no tenía competencia para aplicar dichas medidas de restricción. El TSJCV ha estimado dicho recurso y ha anulado el decreto en cuestión por no ajustarse a la legalidad y vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Antecedentes del caso

El recurso contencioso-administrativo fue presentado por un particular que solicitaba la anulación del Decreto 2/2021 por considerarlo contrario a la Constitución, la Ley Orgánica de Salud Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El argumento principal del recurso se basaba en que el presidente de la Comunidad Valenciana no tenía competencias para aplicar medidas de restricción de esta magnitud, ya que están reservadas para las autoridades sanitarias.

El decreto establecía medidas como el cierre de la Comunidad Valenciana para el acceso y la circulación de personas, salvo por causas justificadas, así como la limitación de la actividad comercial y la restricción de las reuniones sociales y familiares. Estas medidas, según el recurso presentado, vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de circulación, la libertad de empresa y la libertad de reunión.

La sentencia del TSJCV

Tras analizar los argumentos presentados en el recurso contencioso-administrativo, el TSJCV ha dictaminado que el presidente de la Comunidad Valenciana no tiene competencias para aplicar medidas tan restrictivas como las establecidas en el Decreto 2/2021. Además, la sentencia señala que, aunque la situación sanitaria pueda ser grave, ello no justifica que se vulneren derechos fundamentales sin la autorización del poder legislativo.

En este sentido, el tribunal también ha cuestionado la falta de proporcionalidad de las medidas establecidas en el decreto y ha destacado que estas deben estar limitadas en el tiempo y tener un carácter excepcional, lo cual no se cumplía en el caso del Decreto 2/2021. Además, la sentencia también señala que es necesario que exista una ley que sustente y regule la adopción de medidas restrictivas, algo que no ocurría en este caso.

Conclusión

La anulación del Decreto 2/2021 por parte del TSJCV pone de manifiesto la importancia de respetar el principio de legalidad y el equilibrio de poderes en situaciones de crisis como la actual. La pandemia del COVID-19 no puede ser utilizada como justificación para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y se hace necesario el cumplimiento de la legalidad y la regulación adecuada por parte de las autoridades competentes.

En este sentido, la sentencia del TSJCV también sirve como recordatorio de la importancia de otorgar competencias adecuadas y proporcionales a cada autoridad, evitando la concentración excesiva de poder en una sola persona o institución. La aplicación de medidas restrictivas debe ser una acción consensuada y proporcional, siempre en el marco de la legalidad y con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.