Cómo proteger tus derechos humanos en materia de fiscalidad

Introducción

La protección de los derechos humanos en materia de fiscalidad es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. La correcta aplicación de las leyes y normativas fiscales no solo supone un pilar fundamental en la recaudación de impuestos, sino que también debe respetar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones los contribuyentes se encuentran en situaciones en las que ven afectados sus derechos humanos en materia fiscal. En este artículo, analizaremos cómo proteger y defender estos derechos en el marco de la Ley 11/2021, que ha introducido importantes modificaciones en nuestro ordenamiento tributario.

Modificaciones de la Ley 11/2021

La Ley 11/2021, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de julio, ha introducido dos importantes cambios en nuestro ordenamiento tributario que afectan directamente a la protección de los derechos humanos en materia de fiscalidad. Estos cambios se refieren a la ley de prevención del fraude fiscal y a la ley del impuesto sobre sociedades.

En primer lugar, la nueva ley de prevención del fraude fiscal incluye una serie de medidas para combatir la evasión y elusión fiscal, pero también introduce nuevas garantías para proteger los derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, en caso de una inspección tributaria, se establece la obligación de informar al contribuyente de sus derechos y de las posibles consecuencias de colaborar con la administración tributaria. Además, se prevén medidas para evitar la duplicidad en la imposición de sanciones y para garantizar una adecuada presunción de inocencia.

En segundo lugar, la Ley 11/2021 también ha modificado la ley del impuesto sobre sociedades, con el objetivo de adaptarla a la normativa europea y mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Entre las principales novedades, destaca la obligación de informar sobre las operaciones vinculadas y la presunción de que una sociedad residente en España realiza una actividad económica si tiene presencia digital en nuestro país. Estas modificaciones también incorporan medidas para proteger los derechos de los contribuyentes, como la posibilidad de recurrir las liquidaciones tributarias y de solicitar la conciliación previa a la interposición de un recurso.

Protección de los derechos humanos en materia fiscal

La protección de los derechos humanos en materia de fiscalidad es un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en ocasiones, pueden surgir conflictos entre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Por ello, es importante conocer los mecanismos disponibles para proteger estos derechos.

En primer lugar, es fundamental estar informado y conocer nuestros derechos y deberes como contribuyentes. Esto nos permitirá estar preparados en caso de una inspección o de una posible discrepancia con la administración tributaria. Además, también es recomendable contar con el asesoramiento de un experto en materia fiscal, que nos pueda orientar y ayudar en la toma de decisiones.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que existen diferentes vías de recurso en caso de conflicto con la administración tributaria. Por un lado, podemos presentar reclamaciones económico-administrativas ante los tribunales competentes. Por otro lado, también podemos recurrir a la vía judicial y presentar una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Prevención del fraude fiscal

La prevención del fraude fiscal es una de las principales preocupaciones de los gobiernos y administraciones tributarias en todo el mundo. Sin embargo, es importante destacar que para proteger los derechos humanos en materia de fiscalidad, también debe existir una lucha eficaz contra el fraude fiscal, evitando que unos pocos contribuyentes incumplan sus obligaciones tributarias en perjuicio del resto de la sociedad.

En este sentido, es esencial una colaboración entre la administración tributaria y los contribuyentes. La nueva Ley 11/2021 establece la obligación de informar al contribuyente sobre sus derechos y sobre las consecuencias de colaborar con la administración. Además, también se prevén medidas para evitar la duplicidad sancionadora y garantizar la presunción de inocencia del contribuyente.

En definitiva, la protección de los derechos humanos en materia de fiscalidad es un tema de gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley 11/2021 ha introducido importantes modificaciones para mejorar esta protección, pero es fundamental que tanto los contribuyentes como la administración tributaria colaboren en este sentido. Además, es esencial estar informado y conocer los mecanismos disponibles para defender nuestros derechos en caso de conflictos con la administración tributaria.