Descubriendo los límites de la protección de la Ley 57/68: ¿Quiénes quedan fuera como compradores especuladores o inversores?

Descubriendo los límites de la protección de la Ley 57/68: ¿Quiénes quedan fuera como compradores especuladores o inversores?

La Ley 57/68, también conocida como la Ley de Ordenación de la Edificación, es una norma española que fue promulgada en 1968 y que tiene como objetivo proteger a los compradores de viviendas en construcción en caso de incumplimiento por parte del promotor. Sin embargo, esta ley ha generado cierta controversia en los últimos años, ya que algunos compradores han sido excluidos de su protección al ser considerados como compradores especuladores o inversores. En este artículo, analizaremos los límites de la protección de la Ley 57/68 y los compradores que pueden quedar fuera de ella.

La finalidad protectora de la Ley 57/68

Antes de adentrarnos en los límites de la protección de la Ley 57/68, es importante entender cuál es su finalidad principal. Esta ley busca proteger a los compradores de viviendas en construcción, ya que son considerados como sujetos más vulnerables en una transacción inmobiliaria. El promotor, que es quien se encarga de la construcción y venta del inmueble, tiene una mayor capacidad de conocimiento y de actuación, por lo que la ley busca equilibrar las relaciones entre ambas partes.

Sin embargo, en casos de incumplimiento por parte del promotor, no todos los compradores de viviendas en construcción están amparados por la Ley 57/68. Hay ciertas situaciones en las que se puede considerar que el comprador no se encuentra dentro del ámbito de protección de la ley.

Compradores especuladores o inversores

Uno de los límites más controvertidos de la Ley 57/68 es la exclusión de los compradores especuladores o inversores. Estos compradores son aquellos que adquieren una vivienda en construcción con la intención de venderla una vez finalizada la obra, obteniendo así una ganancia. Generalmente, no tienen la intención de habitar la vivienda, sino que la consideran como una inversión.

En estos casos, la Ley 57/68 no les otorga la misma protección que a los compradores que adquieren una vivienda para habitarla. Esto se debe a que se considera que los compradores especuladores tienen una mayor capacidad de conocimiento y de actuación, y no se encuentran en una situación de inferioridad con respecto al promotor. Por lo tanto, no necesitan la protección de la ley.

Sin embargo, esta exclusión de los compradores especuladores ha sido criticada por algunos expertos, ya que consideran que en muchas ocasiones estas personas también pueden ser víctimas de irregularidades por parte del promotor y quedan desprotegidos al no estar amparados por la Ley 57/68.

Compradores que conocen los riesgos

Otra situación en la que un comprador puede quedar fuera de la protección de la Ley 57/68 es cuando ha sido informado previamente de los riesgos que conlleva la adquisición de una vivienda en construcción. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los compradores que firman un contrato de arras, en el que se especifican las posibles contingencias que pueden surgir durante la construcción del inmueble.

En estos casos, el comprador puede no ser considerado como una parte más vulnerable, ya que ha sido informado de los riesgos y los ha aceptado al firmar el contrato. Por lo tanto, no necesitará la protección de la Ley 57/68, ya que ha asumido los posibles incumplimientos de la obra.

Compradores que no demuestran su condición de consumidores

Por último, otro límite de la protección de la Ley 57/68 es que solo ampara a los compradores que demuestren su condición de consumidores. Es decir, aquellas personas que adquieren una vivienda para su uso personal y no con fines comerciales o especulativos.

En los casos en los que el comprador no pueda demostrar su condición de consumidor, por ejemplo si se trata de una empresa o una sociedad, la ley no le otorga la misma protección que a un comprador particular. Esto se debe a que se considera que las empresas tienen una mayor capacidad de conocimiento y de actuación, y pueden asumir los riesgos de una transacción inmobiliaria.

En conclusión, aunque la Ley 57/68 tiene como finalidad principal proteger a los compradores de viviendas en construcción, existen ciertos límites que pueden excluir a algunos compradores de su ámbito de protección. Entre ellos se encuentran los compradores especuladores, los que han sido debidamente informados de los riesgos de la operación, y aquellos que no pueden demostrar su condición de consumidores. Es importante que los compradores estén informados de estos límites y tomen las precauciones necesarias antes de adquirir una vivienda en construcción.