El Tribunal Supremo dictamina que la responsabilidad de la salud de los presos recae en la administración penitenciaria, no en la sanitaria

El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que la responsabilidad sobre la salud de los presos recae en la administración penitenciaria y no en la sanitaria. Esta decisión, adoptada por la Sala Tercera, pone fin a un litigio que se extendió durante años entre los servicios de salud de Madrid y Andalucía y la Institución Penitenciaria.

Esta sentencia supone un precedente importante en el ámbito de la atención médica en los centros penitenciarios, ya que establece con claridad la obligación de la administración penitenciaria de garantizar una adecuada asistencia sanitaria a los presos. A continuación, analizamos más en detalle los aspectos clave de esta resolución judicial.

Las claves de la sentencia

La sentencia, emitida el pasado 14 de marzo de 2019, responde a dos recursos presentados por el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ambos organismos reclamaban al Ministerio del Interior el pago de los gastos médicos de presos que habían sido atendidos en hospitales fuera de los centros penitenciarios.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado la razón a los servicios de salud de Madrid y Andalucía, confirmando que la responsabilidad sobre la salud de los presos recae en la administración penitenciaria y no en la sanitaria. Es decir, la Institución Penitenciaria debe asumir los costes derivados de la asistencia médica, incluso en el caso de que se preste fuera de las instalaciones carcelarias.

Razones de la decisión

La resolución del Tribunal Supremo se basa en el artículo 14.2 del Reglamento Penitenciario, que establece que es responsabilidad de la administración penitenciaria la atención sanitaria de los internos. Además, se hace referencia a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que cada entidad gestora debe asumir las obligaciones derivadas de sus actividades.

Por otro lado, se argumenta que no existe un convenio entre la administración sanitaria y la penitenciaria que establezca una distribución de competencias en materia de atención médica a los presos. En este sentido, el Tribunal Supremo considera que no se pueden imponer costes adicionales a la sanidad pública por la atención a los internos, ya que estos son responsabilidad de la administración penitenciaria.

¿Qué implica esta decisión?

La sentencia del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones en el funcionamiento de los centros penitenciarios y en la atención médica a los presos. En primer lugar, supone un reconocimiento de la obligación de la administración penitenciaria de garantizar una asistencia sanitaria adecuada a los internos.

Además, esta resolución pone de manifiesto la necesidad de mejorar la comunicación y coordinación entre los servicios de salud y las instituciones penitenciarias para gestionar de manera más eficiente la atención médica a los presos. Se espera que esta sentencia también tenga un impacto en los recursos económicos asignados a los centros penitenciarios, que deberán hacer frente a mayores costes en materia de salud.

Conclusiones

La decisión del Tribunal Supremo de que la responsabilidad sobre la salud de los presos recae en la administración penitenciaria es un paso importante para garantizar una atención médica adecuada a los internos. Esta sentencia establece que la Institución Penitenciaria debe asumir los costes de la asistencia sanitaria de los presos, incluyendo los gastos médicos fuera de las instalaciones carcelarias.

Esperamos que esta resolución sirva como precedente para mejorar la coordinación entre los servicios de salud y las instituciones penitenciarias y, en última instancia, mejorar la calidad de vida y el bienestar de aquellos que se encuentran privados de libertad.