El TS declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la Ley 2013 tras la sentencia del TJUE

El Tribunal Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social tras la sentencia del TJUE

El pasado 24 de septiembre de 2019, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que declaraba inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de julio.

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo supone un giro en la aplicación del bono social y puede tener importantes repercusiones tanto para los consumidores como para las compañías eléctricas.

¿Qué es el bono social y cómo se financia?

El bono social es un descuento en la factura de la luz destinado a los consumidores considerados vulnerables, con el objetivo de asegurar el acceso a la energía a los hogares con menos recursos. Este descuento puede llegar al 40% en la tarifa regulada y está financiado por las compañías eléctricas, que tienen la obligación de aportar un porcentaje de sus beneficios para cubrir los costes del bono social.

Sin embargo, en 2013 se estableció una modificación en el sistema de financiación del bono social a través del citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, en el que se establecía que el bono social estaba financiado por el 15% del coste del sistema de interrumpibilidad (que permite a industrias energéticas recibir una compensación por interrumpir su actividad en momentos de escasez de suministro).

Este cambio en la financiación del bono social fue muy discutido y generó numerosas críticas por parte de diferentes sectores, que denunciaban que las compañías eléctricas no asumían el coste real del bono social, sino que trasladaban parte de este a otros consumidores a través de la factura.

La sentencia del TJUE que cambia la situación

En julio de 2019, el TJUE dictaminó que este sistema de financiación del bono social a través del coste de la interrumpibilidad no era compatible con la Directiva europea sobre medidas de protección en materia de suministro de energía eléctrica para los consumidores vulnerables.

La principal cuestión que se debatía en el caso era si el coste de la interrumpibilidad podía ser considerado como un incentivo para mejorar la eficiencia energética o si en realidad se trataba de una medida para proporcionar apoyo financiero al sector de la industria electrointensiva.

El TJUE consideró que se trataba de una medida que favorecía a la industria y no a los consumidores vulnerables, por lo que el sistema de financiación del bono social a través de este coste no era válido.

La decisión del Tribunal Supremo

Tras la sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo ha determinado que el sistema de financiación del bono social basado en el coste de la interrumpibilidad es inaplicable y contrario al derecho comunitario. En su sentencia, el Tribunal Supremo se ha referido a la Directiva europea y ha señalado que la misma establece claramente que las medidas de protección para los consumidores vulnerables deben ser financiadas por los propios proveedores de energía, sin imponer cargas adicionales a otros consumidores.

Esta decisión del Tribunal Supremo supone que las compañías eléctricas deberán asumir el coste del bono social, sin poder repercutirlo en otros consumidores a través de la factura. Con esta resolución, se pone fin a un sistema de financiación que ha generado múltiples polémicas y se asegura que el bono social llegue realmente a aquellos hogares más necesitados.

Las posibles consecuencias de la sentencia

Esta sentencia del Tribunal Supremo puede tener importantes repercusiones tanto para las compañías eléctricas como para los consumidores. Por un lado, las empresas del sector deberán hacer frente a un mayor coste de financiación, que podría tener impacto en sus resultados económicos.

Por otro lado, los usuarios del bono social podrían ver aumentado el descuento en su factura de la luz en los próximos meses, ya que ahora será financiado al 100% por las compañías eléctricas, lo que supondrá un alivio para su economía doméstica.

En cualquier caso, será necesario un tiempo para ver cómo se implementa esta nueva situación y si tendrá algún impacto en las tarifas eléctricas para el resto de consumidores.

Conclusión

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social basado en el coste de la interrumpibilidad del sistema de interrumpibilidad supone un cambio en las políticas energéticas y económicas en España. Este pronunciamiento del Tribunal Supremo, en línea con la sentencia del TJUE, asegura que el bono social llegará realmente a aquellos consumidores más necesitados y no se repartirá el coste entre otros usuarios. Sin duda, una medida de protección para los hogares vulnerables y un paso más hacia un sistema de energías más justo e igualitario.