Flexibilización de concursos: ¿Salvando el tejido productivo?

La adaptación de la legislación concursal en tiempos de crisis

La situación provocada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en el tejido productivo de muchos países, incluyendo España. Ante el cierre de numerosos negocios y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones económicas, el Gobierno se ha visto en la necesidad de implementar medidas para flexibilizar el marco legal concursal y permitir la supervivencia de empresas y autónomos. En este sentido, el reciente decreto de Justicia promueve una serie de cambios en la legislación concursal que buscan ser un salvavidas para el tejido productivo nacional.

Prioridad a problemas derivados del estado de alarma

El decreto de Justicia, que entró en vigor en mayo de 2020, incorpora una serie de medidas para adaptar la legislación concursal a la nueva realidad provocada por el estado de alarma. Entre ellas, se otorga prioridad a la falta de reconocimiento por parte de las entidades de la moratoria hipotecaria y a la denegación de ayudas por parte de las administraciones públicas. Esto significa que, en caso de solicitar un concurso de acreedores, estos problemas tendrán que ser resueltos con carácter previo al proceso concursal, con el objetivo de mantener la viabilidad de la empresa y evitar una liquidación forzosa.

Flexibilización del plazo para solicitar un concurso de acreedores

Otra de las novedades que introduce el decreto de Justicia es la ampliación del plazo para que una empresa o autónomo en situación de insolvencia pueda solicitar un concurso de acreedores. Anteriormente, el plazo era de dos meses desde que se tuvo conocimiento de la insolvencia. Sin embargo, con el nuevo decreto, se amplía a cuatro meses, lo que permite a los negocios disponer de más tiempo para buscar soluciones y reestructurarse antes de verse obligados a liquidar.

Facilidades para la refinanciación de deudas

La adaptación de la legislación concursal también incluye medidas que facilitan la refinanciación de deudas. Una de ellas es la posibilidad de que el deudor negocie y alcance acuerdos con los acreedores de manera extrajudicial, sin necesidad de someterse a un proceso concursal. Esto puede ser de gran ayuda para empresas que se encuentran en una situación de dificultad financiera pero que aún tienen posibilidades de regenerar su actividad con un plan de refinanciación adecuado.

Búsqueda de acuerdos extrajudiciales para evitar la liquidación

En línea con las medidas para facilitar la refinanciación, el decreto de Justicia también promueve la negociación y el acuerdo entre deudores y acreedores. Asimismo, se busca fomentar acuerdos entre empresas para mantener su actividad y evitar la disolución judicial. Esto se realiza a través de la creación de una nueva figura, la llamada segunda oportunidad, que busca evitar la liquidación forzosa y permitir que la empresa o su empresario puedan comenzar de nuevo con su actividad.

Conclusiones

En resumen, el decreto de Justicia de flexibilización de concursos es una respuesta a la situación económica provocada por la pandemia del COVID-19. Con estas medidas, se busca preservar el tejido productivo nacional y evitar la liquidación forzosa de empresas y autónomos. La prioridad a la resolución de problemas derivados del estado de alarma, la ampliación del plazo para solicitar un concurso de acreedores, las facilidades para la refinanciación de deudas y la promoción de acuerdos extrajudiciales son algunas de las medidas destacadas que buscan ser una herramienta para salvar la actividad empresarial en tiempos de crisis.