Luxemburgo dictamina definitivamente sobre gastos hipotecarios: ¿qué cambios habrán?

El pasado viernes 15 de mayo, el juzgado nº 6 de Ceuta presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los gastos hipotecarios. Esta decisión, adoptada por el tribunal español, se basa en la necesidad de aclarar los diferentes criterios que han surgido tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, así como los cambios que se avecinan con la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria.

Esta cuestión prejudicial es un aspecto clave para entender los últimos acontecimientos relacionados con los gastos hipotecarios en España. La falta de claridad en los criterios aplicados por los tribunales españoles ha generado una verdadera maraña en la que los consumidores se encuentran perdidos y sin saber a qué atenerse en caso de reclamaciones por cláusulas abusivas en sus hipotecas.

Por ello, este dictamen definitivo por parte del Tribunal de Justicia de la UE se presenta como una luz al final del túnel para todas aquellas personas que se han visto afectadas en los últimos años por los gastos hipotecarios. En este artículo, detallaremos los principales cambios que se esperan en esta materia y cómo puede afectar a los consumidores.

¿Qué decisiones ha dictado el Tribunal Supremo hasta ahora?

Desde que el Tribunal Supremo emitiera su sentencia en octubre de 2018, han sido numerosas las decisiones que ha tomado respecto a los gastos hipotecarios. Sin embargo, la falta de una postura clara y unificada por parte del órgano judicial ha generado cierta confusión entre los consumidores.

Por un lado, el Tribunal Supremo estableció en su sentencia que los gastos de notaría, registro y gestoría debían ser pagados por el banco, ya que se consideraban cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Sin embargo, respecto al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el tribunal señaló que este debía ser pagado por el cliente.

Posteriormente, en marzo de 2019, el Tribunal Supremo emitió una nueva sentencia en la que modificaba su criterio respecto al impuesto de AJD, considerándolo como una cláusula abusiva y, por lo tanto, sufragado por la entidad bancaria.

Esta inseguridad jurídica ha generado un gran número de reclamaciones por parte de los consumidores, así como una significativa carga para los tribunales españoles, que se han visto desbordados por la cantidad de casos relacionados con los gastos hipotecarios.

¿Qué cambios se esperan con la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria?

La nueva Ley Hipotecaria, aprobada en febrero de 2019, trae consigo una serie de cambios significativos en relación a los gastos hipotecarios. Uno de los principales es la obligatoriedad de la entidad bancaria de asumir una serie de gastos que antes recaían íntegramente sobre el cliente, incluyendo los de notaría, registro y gestoría.

Además, la nueva ley también establece que el impuesto de AJD deberá ser abonado en su totalidad por la entidad bancaria, lo que supone un importante avance en la protección de los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en sus hipotecas.

¿Qué aportará la aclaración del Tribunal de Justicia de la UE?

La cuestión prejudicial presentada por el juzgado nº 6 de Ceuta ante el Tribunal de Justicia de la UE busca aclarar los diferentes criterios aplicados por el Tribunal Supremo y la nueva Ley Hipotecaria en relación a los gastos hipotecarios. Esto supondrá una mayor seguridad jurídica para los consumidores, que podrán contar con una decisión definitiva y unificada en esta materia.

Además, este dictamen también servirá para establecer directrices claras a seguir por parte de los tribunales españoles en futuras reclamaciones por cláusulas abusivas en las hipotecas, evitando así la maraña de criterios que hasta ahora ha existido.

En conclusión, la decisión del juzgado nº 6 de Ceuta de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación a los gastos hipotecarios es un paso fundamental en la búsqueda de una mayor justicia y equidad en las relaciones entre los consumidores y las entidades bancarias. Con la esperada aclaración de los diferentes criterios existentes hasta ahora, se espera una mayor protección para los consumidores y una mayor seguridad jurídica en el ámbito hipotecario.