Modificación de la cuantía en responsabilidad patrimonial en vía administrativa vs judicial

En este mes de marzo se cumple el primer aniversario de la aparición “oficial” en España de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, más allá del impacto sanitario, esta crisis también ha tenido un fuerte impacto en el ámbito económico y, en consecuencia, en la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ante esta situación, surge la pregunta sobre cuál es la mejor vía para reclamar una modificación en la cuantía en materia de responsabilidad patrimonial: ¿en vía administrativa o en vía judicial?

Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta los conceptos básicos de responsabilidad patrimonial en materia administrativa. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas surge cuando estas causan daños a particulares en el ejercicio de su actividad. Este daño puede ser causado por una acción u omisión de la administración o por el funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Vía administrativa para la modificación de la cuantía en responsabilidad patrimonial

Cuando una persona ha sufrido un daño a causa de una actuación de la administración pública, debe iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar una indemnización. Este procedimiento se inicia de forma voluntaria por parte del particular afectado y se llevará a cabo ante la propia administración que ha causado el daño.

Una de las ventajas de optar por la vía administrativa es que suele ser más rápida y ágil que la vía judicial. Además, no es necesario contar con representación legal, lo que permite ahorrar costes. Sin embargo, en este tipo de procedimientos, la administración tiene un papel destacado como juez y parte, por lo que pueden surgir conflictos de intereses.

A la hora de reclamar una modificación en la cuantía en vía administrativa, es necesario presentar pruebas que demuestren la responsabilidad de la administración en el daño sufrido y establecer una cuantificación concreta del mismo. Por ello, es importante contar con un abogado especializado en derecho administrativo que pueda asesorarnos y ayudarnos a recopilar y presentar la documentación necesaria para hacer valer nuestros derechos.

Vía judicial para la modificación de la cuantía en responsabilidad patrimonial

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en vía administrativa, o cuando la cuantía estimada del daño es elevada, se puede optar por la vía judicial para reclamar una modificación en la cuantía de la responsabilidad patrimonial. Esta vía implica acudir a los tribunales para que un juez decida sobre la responsabilidad en el daño causado por la administración y fije la cuantía de la indemnización.

Una de las ventajas de la vía judicial es que el juez actúa como una tercera parte imparcial, lo que garantiza un mayor grado de objetividad en el proceso. Además, en caso de no estar de acuerdo con la decisión del juez, existe la posibilidad de recurrir a instancias superiores.

No obstante, la vía judicial supone un proceso mucho más largo y costoso que la vía administrativa. Por ello, es aconsejable valorar la viabilidad de acudir a los tribunales y contar con el asesoramiento de un abogado especializado en responsabilidad patrimonial.

Conclusión

En resumen, tanto la vía administrativa como la judicial pueden ser utilizadas para reclamar una modificación en la cuantía en responsabilidad patrimonial. Sin embargo, la elección dependerá de cada caso concreto y de las circunstancias que lo rodeen. En todo caso, es importante contar con un equipo de abogados especializados que puedan asesorarnos y defender nuestros intereses en ambas vías.

Además, es importante recordar que en este tipo de procedimientos existen plazos y requisitos que deben cumplirse, por lo que es fundamental actuar con rapidez y contar con la ayuda de profesionales capacitados. En un año marcado por la crisis sanitaria del COVID-19, debemos estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad y hacer valer nuestros derechos en caso de sufrir algún daño a manos de la administración pública.