Notariado y fraude fiscal: claves en la Ley de Medidas de Prevención

La prevención y lucha contra el fraude fiscal es un tema de vital importancia para cualquier sociedad moderna. No solo afecta a la economía, sino también al Estado de Derecho y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por esta razón, el Gobierno ha aprobado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y proteger los intereses de la Hacienda Pública.

¿Qué es el fraude fiscal y por qué es importante prevenirlo?

El fraude fiscal se define como cualquier práctica ilegal que se realiza con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Entre las formas más comunes de fraude fiscal encontramos la ocultación de ingresos, la manipulación de documentos y la creación de sociedades ficticias para desviar beneficios. Este tipo de prácticas afecta directamente a la recaudación fiscal, lo que repercute negativamente en las arcas del Estado y en la capacidad de financiación de los servicios públicos.

Además, el fraude fiscal también tiene un impacto en la economía, ya que desincentiva la inversión y la competitividad al favorecer a aquellos que incumplen sus obligaciones tributarias en lugar de a los contribuyentes cumplidores. Por otro lado, el fraude fiscal también contribuye a generar una competencia desleal, ya que aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales tienen una ventaja competitiva injusta respecto a aquellos que sí lo hacen.

Claves de la Ley 11/2021 en la prevención del fraude fiscal

La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha sido aprobada con una doble finalidad: por un lado, aumentar la prevención frente a prácticas abusivas y, por otro lado, mejorar la colaboración y coordinación entre las autoridades fiscales para combatir el fraude de manera más efectiva. A continuación, se detallan algunas de las claves de esta ley en la lucha contra el fraude fiscal:

1. Obligación de informar sobre cuentas y operaciones en el extranjero: la norma establece una obligación para las entidades financieras de proporcionar información sobre las cuentas y operaciones de sus clientes en el extranjero a la Administración tributaria. De esta forma, se podrá tener un mayor control sobre patrimonios y rentas fuera de España que puedan estar siendo utilizados para defraudar.

2. Creación de la figura del “asesor fiscal externo”: con el fin de garantizar la responsabilidad y la transparencia en los consejos de administración de grandes empresas, se establece la figura del “asesor fiscal externo”, encargado de informar a la empresa en materia tributaria y de denunciar posibles incumplimientos a la Agencia Tributaria.

3. Refuerzo de la lucha contra el fraude en el IVA: se incluyen medidas para combatir el fraude en el IVA, como la limitación de pagos en efectivo (solo se podrán realizar pagos en efectivo de hasta 1.000 euros para particulares y 10.000 para empresas) y la introducción del “sistema de suministro inmediato de información” (programa que permite a Hacienda conocer en tiempo real las facturas emitidas y recibidas por las empresas).

4. Mayor colaboración entre las autoridades fiscales: la ley establece un marco de colaboración entre la Agencia Tributaria y otras autoridades fiscales de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información y combatir el fraude a nivel internacional. Además, se establece un sistema de intercambio de datos entre la Administración tributaria y la Seguridad Social para detectar fraudes en las cotizaciones y el empleo irregular.

5. Sanciones más duras: la ley aumenta las sanciones por fraude fiscal y establece la responsabilidad solidaria de los administradores y representantes legales de las empresas en caso de incumplimiento de obligaciones fiscales.

En definitiva, esta ley establece medidas para mejorar la eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de proteger los intereses de la Hacienda Pública y de todos los ciudadanos. Se trata de una herramienta fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una competencia justa y equilibrada en el ámbito económico.