Notarios y Registradores Electrónicos: Decisión Contravertida bajo el Artículo 14 de la LPACA

Bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACA), se establece en su artículo 14 la figura de los Notarios y Registradores Electrónicos. Esta decisión ha generado un gran debate en la comunidad jurídica debido a su controvertido alcance y sus implicaciones en el ámbito administrativo. En este artículo SEO optimizado, profundizaremos sobre esta figura legal y lo que ha supuesto para el sistema de procedimiento administrativo en España.

La incorporación de los Notarios y Registradores Electrónicos en la LPACA ha sido objeto de debate desde su inclusión en esta ley en el año 2015. Esta figura tiene como objetivo principal agilizar los trámites administrativos, permitiendo que algunos documentos puedan ser tramitados de forma electrónica sin necesidad de acudir a la administración en persona. Sin embargo, esta inclusión no ha estado exenta de polémicas y críticas por parte de algunos expertos en la materia.

La figura del Notario Electrónico se encarga de la autenticación de documentos electrónicos, mientras que el Registrador Electrónico se encarga de la inscripción y registro de los mismos. Ambos actúan como intermediarios entre el ciudadano y la administración, garantizando la autenticidad y seguridad de los documentos electrónicos presentados ante la administración. Esto supone un avance en la digitalización de los procedimientos administrativos, pero ¿es realmente una decisión que mejora el sistema actual o solo genera una mayor burocracia?

La principal crítica a esta figura se centra en el hecho de que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos no podrán elegir libremente si presentar sus documentos de forma electrónica a través de estos intermediarios o de forma presencial. En muchas ocasiones, la opción de presentación presencial se ha visto limitada o incluso eliminada, lo que supone una obligación para los ciudadanos de acudir a los servicios de estos Notarios y Registradores Electrónicos y, en muchos casos, pagar por sus servicios.

Además, esta figura plantea dudas en cuanto a la seguridad de los documentos presentados electrónicamente y a la protección de datos personales. Muchos temen que este sistema pueda ser vulnerable a posibles fraudes y suplantaciones de identidad, poniendo en riesgo la confidencialidad de la información. También se cuestiona si realmente estos intermediarios tienen la formación y el conocimiento necesario para garantizar la validez y autenticidad de los documentos presentados.

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2018 ha reactivado el debate en torno a los Notarios y Registradores Electrónicos. En esta sentencia se establece que, en el ámbito de la administración local, no se puede exigir la presentación de documentos de forma electrónica y que la opción de presentación presencial debe estar siempre disponible. Además, se establece que la inclusión de esta figura en la LPACA es una competencia exclusiva del Estado y no se puede imponer a las administraciones locales.

En respuesta a esta sentencia, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley que modifica la LPACA y, entre otras cosas, elimina la obligatoriedad de la presentación electrónica a través de estos intermediarios en las administraciones locales. Sin embargo, el anteproyecto todavía se encuentra en fase de tramitación y no se sabe cuándo se llevará a cabo su aprobación y entrada en vigor.

En conclusión, la decisión de incluir la figura de los Notarios y Registradores Electrónicos en la LPACA sigue siendo objeto de debate y controversia. Aunque su objetivo principal es agilizar y simplificar los trámites administrativos, su obligatoriedad y las dudas en cuanto a la seguridad y protección de datos han generado críticas y reacciones por parte de la comunidad jurídica. Queda por ver cómo evolucionará esta figura en el futuro y si se tomarán medidas para resolver las preocupaciones suscitadas.