Sentencia de inconstitucionalidad en la Ley de Contratos del Sector Público: ¿Qué cambios supone?

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de gran relevancia en el ámbito del derecho administrativo y de las contrataciones públicas. En la Sentencia 68/2021, de 18 de marzo (BOE nº 97, de 23 de abril de 2021), el Tribunal resuelve un recurso presentado contra determinados preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, los cuales han sido declarados inconstitucionales. Esta sentencia supone importantes cambios en la normativa aplicable a los contratos públicos, y por tanto, es relevante que conozcamos en detalle cuáles son estas modificaciones y cómo pueden afectar al día a día de las relaciones entre la Administración y los proveedores.

Antecedentes y motivos de la sentencia

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se han sucedido numerosas demandas y recursos contra determinados preceptos de la normativa, entre ellos, la que ha dado lugar a la Sentencia 68/2021 del Tribunal Constitucional. En concreto, esta sentencia se refiere al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra algunos de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

Entre los motivos de la demanda, el Consejo de Gobierno de Aragón señalaba que algunos preceptos de la ley eran contrarios a la Constitución, por vulnerar competencias autonómicas en materia de contratación pública, así como derechos fundamentales de las empresas y entidades contratistas.

Puntos clave de la sentencia:

– La Sentencia 68/2021 del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellos, el artículo 1 que establece el ámbito de aplicación de la normativa.

– La sentencia ha considerado que estos artículos vulneran las competencias autonómicas en materia de contratación pública, ya que la Ley de Contratos del Sector Público pretende regular de manera exhaustiva todas las fases del procedimiento de contratación, invadiendo las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

– También se ha declarado inconstitucional el artículo 319.5 de la Ley de Contratos, que establecía la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de incumplimiento de los contratos, ya que se considera que puede vulnerar el principio de igualdad de los licitadores al establecer la responsabilidad en función de la solvencia económica.

¿Qué cambios supone en la Ley de Contratos del Sector Público?

La sentencia del Tribunal Constitucional supone un cambio significativo en la regulación de los contratos del sector público, ya que los artículos declarados inconstitucionales se refieren a aspectos fundamentales como el ámbito de aplicación de la norma o la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de incumplimiento de los contratos.

Entre los cambios más relevantes que se pueden destacar tras la Sentencia 68/2021, se encuentran los siguientes:

– La Ley de Contratos del Sector Público deja de tener un carácter exhaustivo en la regulación de las fases del procedimiento de contratación, por lo que las comunidades autónomas podrán seguir regulando esta materia de acuerdo a sus competencias.

– Se elimina la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de incumplimiento de los contratos, por lo que será necesario que se modifique la normativa aplicable en materia de contratación para establecer un nuevo mecanismo de garantía en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

– Se ha declarado inconstitucional la obligación de que los licitadores acrediten su solvencia económica en el momento de la presentación de la oferta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido que la Administración puede exigir esta acreditación en el momento de la adjudicación del contrato, previa justificación de la necesidad de esta exigencia.

Consecuencias para las relaciones entre la Administración y los proveedores

La Sentencia 68/2021 del Tribunal Constitucional supone una importante modificación en las relaciones entre la Administración y los proveedores en materia de contratación pública. Al dejar de tener un carácter exhaustivo en la regulación de las fases del procedimiento de contratación, las comunidades autónomas podrán seguir aplicando sus propias normativas en esta materia, lo que puede generar disparidad de criterios y requisitos en la contratación con la Administración.

Además, al eliminarse la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de incumplimiento de los contratos, se hace necesario que se establezcan nuevos mecanismos de garantía para los proveedores en caso de que la Administración no cumpla con sus obligaciones contractuales.

Por último, la eliminación de la obligación de acreditar la solvencia económica en el momento de la presentación de la oferta puede suponer un cambio en las prácticas habituales de los licitadores y en la forma en que se realizan los procedimientos de contratación.

En resumen, la Sentencia 68/2021 del Tribunal Constitucional supone importantes cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que implica que tanto la Administración como los proveedores deberán estar atentos a las modificaciones que se realicen en la normativa aplicable y adaptarse a ellas con el fin de garantizar una correcta contratación y una adecuada protección de los intereses de ambas partes.