Sentencia del TJUE: Todo lo que debes saber sobre el modelo 720 y sus repercusiones

Introducción

En el año 2012, el Gobierno español aprobó la Ley 7/2012, conocida como la “ley de prevención del fraude fiscal”. Esta ley incorporó el modelo 720, una declaración informativa sobre los bienes y derechos en el extranjero de los residentes en España. Sin embargo, esta medida se ha vuelto altamente controvertida y ha sido objeto de numerosas críticas tanto a nivel nacional como internacional.

¿En qué consiste el modelo 720?

El modelo 720 es un formulario de declaración informativa que deben cumplimentar los residentes fiscales en España que posean activos en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros. Estos activos pueden ser cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, valores y derechos de todo tipo.

El objetivo de esta declaración es proporcionar información a la Agencia Tributaria sobre los bienes y derechos que los contribuyentes españoles tienen en el extranjero, para así poder detectar posibles casos de fraude fiscal.

Repercusiones de la sentencia del TJUE

Después de años de dictámenes y advertencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en octubre de 2019 en relación con el modelo 720. Esta sentencia declaró que el modelo 720 es contrario al derecho comunitario, por considerar que vulnera la libre circulación de capitales.

Con esta sentencia, el TJUE ha tomado en cuenta las reclamaciones de diversos contribuyentes que alegaban que la obligación de informar sobre sus activos en el extranjero era desproporcionada y discriminatoria en comparación con otros mecanismos para luchar contra el fraude fiscal.

Consecuencias de la sentencia para los contribuyentes

Ante esta sentencia, los contribuyentes que no han cumplido con la obligación de declarar sus activos en el extranjero pueden enfrentar sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la sentencia también abre la posibilidad de que estos contribuyentes puedan reclamar la devolución de las sanciones impuestas en base a esta ley.

Además, la sentencia del TJUE también tiene un efecto en la prescripción de la obligación. Según la ley española, la Agencia Tributaria tiene un plazo de cuatro años para inspeccionar y sancionar a los declarantes del modelo 720. Sin embargo, la sentencia del TJUE señala que este plazo solo debería aplicarse a partir de la fecha en que se presentó la declaración. Por lo tanto, aquellos contribuyentes que no hayan presentado la declaración o lo hayan hecho fuera del plazo, pueden argumentar que la acción prescribió antes de que se presentara la sentencia.

Opciones para los afectados

Los contribuyentes que se hayan visto afectados por la regulación del modelo 720 tienen varias opciones para hacer frente a la situación.

Una de las opciones es realizar una reclamación ante la Agencia Tributaria solicitando la devolución de las sanciones impuestas en base a esta ley. Sin embargo, esta opción puede resultar complicada y llevar un largo proceso administrativo y judicial.

Otra opción es la presentación de un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) o los Tribunales Superiores de Justicia, alegando la nulidad de la sanción en base a la sentencia del TJUE.

Conclusión

En definitiva, la sentencia del TJUE en relación con el modelo 720 ha generado un cambio significativo en la aplicación de esta ley en España. Aunque aún hay dudas sobre cómo se llevará a cabo la devolución de las sanciones ya impuestas, es claro que esta sentencia tendrá un impacto en los contribuyentes españoles con activos en el extranjero y en la forma en que se combate el fraude fiscal en el país.