Suspensión de desahucios y lanzamientos: protección a hogares vulnerables

Introducción

El pasado mes de marzo se promulgó el Real Decreto-ley 11/2020, que contempla medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entre estas medidas, destaca la suspensión de desahucios y lanzamientos en aquellos hogares vulnerables que se hayan visto afectados económicamente por la crisis actual. Esta medida tiene como objetivo proteger a las familias más afectadas y evitar una posible oleada de desahucios y pérdida de viviendas.

¿Qué implica la suspensión de desahucios y lanzamientos?

La suspensión de desahucios y lanzamientos, regulada en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, implica la paralización de cualquier desalojo de viviendas durante el estado de alarma y hasta que transcurran dos meses desde su finalización. Esta medida se aplica a todas aquellas personas que se encuentren en situación vulnerable, es decir, aquellas que hayan sufrido una pérdida significativa de ingresos o estén en riesgo de perder su vivienda.

Es importante destacar que esta suspensión también abarca los casos de ocupación ilegal de viviendas, siempre y cuando se trate de una situación de vulnerabilidad. Esta medida busca garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar que las familias más afectadas por la crisis se queden sin un techo donde vivir.

¿Quiénes están protegidos por la suspensión de desahucios y lanzamientos?

Además de las personas afectadas económicamente por la crisis, la suspensión de desahucios y lanzamientos también se aplica a colectivos especialmente vulnerables, como familias monoparentales con hijos a cargo, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o mayores de 65 años con dependencia.

¿Qué requisitos deben cumplirse para acogerse a esta medida?

Para acogerse a la suspensión de desahucios y lanzamientos, es necesario cumplir con una serie de requisitos que se recogen en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020. Entre ellos, destacan:

• Tener una pérdida significativa de ingresos debido al impacto de la crisis del COVID-19 en la economía familiar.
• Que la cuota hipotecaria supere el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar o que el desalojo suponga una situación de vulnerabilidad para la familia.
• En el caso de contratos de alquiler, que el precio del alquiler supere el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Además, se debe acreditar que no se dispone de una vivienda alternativa y que la situación económica ha empeorado significativamente en comparación con meses anteriores a la crisis del COVID-19.

¿Qué ocurre con los contratos de alquiler?

En el caso de contratos de alquiler, la suspensión de desahucios y lanzamientos implica la prórroga automática de los mismos. Los contratos de alquiler que finalicen durante la vigencia del estado de alarma se prorrogarán automáticamente hasta un máximo de seis meses desde su finalización. Esta prórroga se aplicará a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente al pago del alquiler debido a la crisis del COVID-19.

Conclusión

En resumen, la suspensión de desahucios y lanzamientos contemplada en el Real Decreto-ley 11/2020 busca proteger a las familias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Esta medida garantiza el derecho a una vivienda digna y evita que personas en situación de vulnerabilidad se queden sin un lugar donde vivir. Si cumples con los requisitos establecidos, no dudes en acogerte a esta medida y proteger tu hogar.