Viviendas turísticas: Normativa y jurisprudencia del Tribunal Supremo

Las viviendas turísticas se han convertido en una de las opciones más populares para hospedarse durante una escapada o vacaciones. Cada vez son más los turistas que optan por alquilar una vivienda para tener más privacidad, comodidad y vivir una experiencia más auténtica en su destino. Sin embargo, este auge también ha traído consigo una serie de desafíos legales que deben ser conocidos por propietarios y turistas. En este artículo, hablaremos sobre la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que rige las viviendas turísticas en nuestro país.

La situación actual de las viviendas turísticas

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se registraron más de 21 millones de pernoctaciones en viviendas turísticas en España, lo que representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el auge del alquiler de viviendas para uso turístico, gracias a plataformas como Airbnb, Booking o HomeAway.

Sin embargo, este fenómeno ha generado controversia en la sociedad debido a la falta de regulación y el impacto en el mercado inmobiliario y en el turismo tradicional. Además, ha llevado a un aumento en los conflictos entre propietarios, vecinos y autoridades locales, lo que ha hecho necesario un marco normativo que regule la actividad de alquiler turístico en España.

Normativa aplicable a las viviendas turísticas

En España, la regulación de las viviendas turísticas varía según la comunidad autónoma en la que se encuentren. No obstante, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es el marco regulador general a nivel estatal que establece las condiciones para el arrendamiento de viviendas con fines turísticos.

Además, en 2013 se aprobó la Ley de Turismo, Comercio y Consumo de las Islas Baleares, que introdujo la obligatoriedad de obtener una licencia turística para poder alquilar una vivienda por períodos inferiores a un mes. Esta medida ha sido seguida por otras comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, que también han impuesto la obligación de obtener un número de registro para poder alquilar una vivienda turística.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el régimen fiscal de las viviendas turísticas. En este sentido, los propietarios están obligados a declarar las ganancias obtenidas por el alquiler turístico en su declaración anual de la renta y a pagar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) si el propietario no reside en España.

¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre las viviendas turísticas?

El Tribunal Supremo ha sido el encargado de resolver numerosos conflictos relacionados con las viviendas turísticas en los últimos años. Uno de los casos más relevantes fue la sentencia dictada en febrero de 2020, en la que se estableció que los ayuntamientos tienen competencia para regular el alquiler turístico en sus municipios, siempre y cuando no se vulneren las normas estatales y autonómicas.

Además, el Tribunal Supremo también ha establecido que la actividad de alquiler turístico se considera una actividad económica y, por lo tanto, está sujeta al pago de impuestos y a cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Por otro lado, en 2018, se estableció que los propietarios de viviendas turísticas están obligados a cumplir con la normativa de protección de datos, ya que recogen información personal de sus huéspedes.

Conclusión

En resumen, las viviendas turísticas son una opción popular para los viajeros, pero su crecimiento ha generado controversia y ha llevado a la necesidad de establecer un marco normativo para regular su actividad. Aunque cada comunidad autónoma puede tener sus propias regulaciones, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Turismo son los marcos legales generales que se aplican a nivel estatal. Además, es importante tener en cuenta las obligaciones fiscales y de protección de datos que deben cumplir los propietarios de viviendas turísticas.