Análisis comparativo STS 472/2020 y 40/2021: Derecho nacional VS comunitario en costas procesales

En el ámbito del derecho procesal, las costas procesales son uno de los temas que genera más controversia y discusión tanto a nivel nacional como comunitario. Recientemente, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias significativas que abordan este tema: la STS 472/2020 y la STS 40/2021.

En este artículo, realizaremos un análisis comparativo entre ambas sentencias, centrándonos en el derecho nacional y el comunitario en relación a las costas procesales. Analizaremos los principales puntos de cada sentencia y cómo afectan a la aplicación de las costas procesales en diferentes casos.

La doctrina sentada en la STS de Pleno de 4 de julio de 2017, conocida como la doctrina refractoria, establece que el contenido del auto de liquidación de las costas debe estar justificado y razonado, no considerándose adecuada o proporcional la imposición automática de las costas al litigante vencido. Esta sentencia supone un cambio significativo en la práctica judicial, ya que hasta entonces se entendía que la parte vencedora tenía derecho a la imposición automática de las costas al litigante vencido.

Sin embargo, esta doctrina ha sido aplicada de manera diferente por el Tribunal Supremo en las sentencias STS 472/2020 y STS 40/2021. En la primera, la Sala Primera reitera su postura de que la imposición automática y objetiva de costas no puede derivarse de una mera declaración de rebelía, es decir, la falta de comparecencia del demandado no implica automáticamente la imposición de costas a su favor.

Por otro lado, en la sentencia STS 40/2021, la Sala Primera establece que para la aplicación de la doctrina refractoria es necesario que exista una expresión clara y concreta de la parte recurrente de que desiste de la impugnación del recurso de casación en relación con la temática de la imposición de costas procesales. En este caso, la parte recurrente no había presentado un desistimiento expreso, por lo que se mantiene la imposición de costas a su favor.

En resumen, ambas sentencias reiteran la importancia de la justificación y razonamiento en la imposición de costas procesales, pero establecen requisitos diferentes para su aplicación. Mientras que en la STS 472/2020 se exige una fundamentación objetiva y proporcional, en la STS 40/2021 se requiere un desistimiento expreso para su aplicación.

Esta diferencia en la aplicación de la doctrina refractoria plantea una cuestión importante en relación a la homogeneidad en la jurisprudencia y la aplicación del derecho. Mientras que la STS 472/2020 se basa en el derecho nacional, la STS 40/2021 se aleja de él y se acerca más a los principios del derecho comunitario.

En este sentido, cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido en varias sentencias que la imposición de costas debe estar justificada y razonada, y que no se puede aplicar de manera automática o desproporcionada. Sin embargo, cada Estado miembro tiene cierta libertad en su aplicación, lo que puede llevar a diferencias en la interpretación y aplicación del derecho comunitario.

En conclusión, la STS 472/2020 y la STS 40/2021 son dos sentencias relevantes en materia de costas procesales que reflejan la evolución en la interpretación y aplicación de este tema. Mientras que la primera se basa en el derecho nacional, la segunda toma en cuenta los principios del derecho comunitario. La continuación de esta evolución y el respeto a la jurisprudencia del TJUE son fundamentales para garantizar una aplicación coherente y justa de las costas procesales en el ámbito nacional y comunitario.