Desahucios y COVID-19: Impacto y medidas de paralización

Desahucios y COVID-19: Impacto y medidas de paralización

El brote del nuevo coronavirus COVID-19 ha afectado fuertemente a la sociedad, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el económico y social. Muchos ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la pérdida de empleo y la disminución de ingresos, lo que ha llevado a muchas familias a no poder afrontar el pago de sus alquileres o hipotecas, aumentando así el riesgo de desahucios en plena crisis sanitaria. Con el objetivo de proteger a los más afectados, el Gobierno ha promulgado el reciente RDL 11/2020 de 21 de marzo, en el que se establecen medidas excepcionales para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de arrendamientos urbanos y de las hipotecas. A continuación, detallaremos el impacto de esta crisis en los desahucios y las medidas de paralización adoptadas.

Desahucios en tiempos de COVID-19

Antes de la pandemia, el número de desahucios en España ya era alarmante. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2019 hubo un total de 67.359 lanzamientos, de los cuales el 62,7% fueron por impago del alquiler. Sin embargo, la actual crisis sanitaria ha empeorado aún más esta situación, ya que muchas personas se han visto imposibilitadas de continuar pagando sus alquileres o hipotecas debido al cese de sus actividades laborales o a la reducción de sus ingresos. Además, la obligación de permanecer en casa como medida de prevención ha provocado que muchas familias se hayan visto obligadas a seguir pagando un alquiler que no pueden afrontar.

En este contexto, miles de familias se han visto en riesgo de ser desahuciadas en medio de una crisis sin precedentes, lo que ha generado una gran alarma social y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a los más vulnerables.

Medidas de paralización de desahucios

Con el objetivo de evitar el aumento de los desahucios durante la crisis del COVID-19, el Gobierno ha promulgado el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, en el que se contemplan una serie de medidas de protección y paralización de lanzamientos hipotecarios y desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.

Paralización de desahucios por impago de alquiler

Una de las principales medidas adoptadas es la suspensión de los desahucios por impago de alquiler durante 6 meses a contar desde la entrada en vigor del RDL 11/2020. Esta medida afecta a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica debida al COVID-19 y no puedan hacer frente al pago de su alquiler.

Para acogerse a esta medida, se deberá acreditar una caída significativa de ingresos de al menos un 40%, así como no contar con una vivienda alternativa. Además, se tendrá que demostrar que el pago de la renta supone un esfuerzo económico excesivo, es decir, que el 35% de los ingresos de la unidad familiar se destinen al alquiler.

Paralización de lanzamientos hipotecarios

En el caso de las hipotecas, se han paralizado los lanzamientos de las personas en situación de vulnerabilidad que no tengan otra vivienda y siempre que se cumplan ciertas condiciones, como la pérdida de empleo o una reducción significativa de ingresos.

Además, se ha ampliado el plazo para solicitar la moratoria hipotecaria, pasando de uno a tres meses. Esto permite a las personas afectadas tener más tiempo para solicitar la suspensión del pago de su hipoteca, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Conclusión

El brote del COVID-19 ha generado una situación de crisis sin precedentes y ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el acceso a una vivienda digna. Ante la amenaza de un aumento de los desahucios, el Gobierno ha tomado medidas de paralización para proteger a las personas más vulnerables. Es importante destacar que estas medidas son temporales y no eximen del pago de las obligaciones contractuales, por lo que una vez finalizado el plazo de suspensión, se deberán cumplir las obligaciones pendientes.

En definitiva, el RDL del 11/2020 es un avance para proteger a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero es necesario seguir trabajando en políticas que permitan asegurar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos, especialmente en momentos de crisis como el que estamos viviendo.