Real Decreto Ley 15/2020: Medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo

El pasado 22 de abril de 2020, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 15/2020, con el objetivo de adoptar medidas urgentes para apoyar a la economía y el empleo en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Dentro de estas medidas, se incluyen importantes cambios para el sector de los arrendamientos de uso distinto de vivienda. A continuación, te explicamos de forma detallada las principales novedades que trae consigo este Real Decreto.

Contexto

En primer lugar, es importante destacar que estos cambios en materia de arrendamientos se enmarcan en un contexto de emergencia sanitaria y económica sin precedentes, en el cual el Gobierno ha tratado de ofrecer apoyo a los ciudadanos y empresas afectados por la pandemia.

Dentro de este marco, el Real Decreto Ley 15/2020 incluye una serie de medidas que buscan proteger tanto a inquilinos como a propietarios de viviendas en alquiler, con el fin de garantizar la estabilidad del mercado de alquiler y el mantenimiento de la actividad económica.

Medidas aplicables a los arrendamientos de uso distinto de vivienda

1. Suspensión de desahucios y moratorias en el pago de alquileres

Una de las medidas más significativas para los inquilinos incluidas en esta normativa es la suspensión de los desahucios en caso de impago de la renta durante el estado de alarma declarado por el Gobierno. Además, se establece una moratoria en el pago de alquileres para aquellos casos en los que el arrendatario se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Para poder acogerse a esta moratoria, el inquilino debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos:

• Encontrarse en situación de desempleo, Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o haber sufrido una reducción de su jornada laboral de al menos un 40%.
• Que la renta más los gastos y suministros básicos supongan más del 35% de los ingresos netos del hogar.
• Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no sea superior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a 537,84 euros mensuales por miembro de la unidad familiar.
• Que la situación de vulnerabilidad económica sea debida a la crisis provocada por el COVID-19.

En caso de cumplir con estos requisitos, se podrá solicitar al propietario una moratoria del pago del alquiler durante un máximo de cuatro meses, a contar desde el momento en el que se haya presentado la solicitud. Durante este tiempo, se suspenderán los intereses y las mensualidades atrasadas y se ampliará la duración del contrato de alquiler en el mismo número de meses que hayan sido objeto de moratoria.

2. Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler

El Real Decreto Ley 15/2020 establece también una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalicen durante el estado de alarma o en los tres meses posteriores a su finalización. En estos casos, el contrato se prorrogará automáticamente durante seis meses más, a menos que el arrendatario o el propietario manifiesten su voluntad de no prorrogarlo.

De esta forma, se garantiza una mayor estabilidad para los inquilinos, evitando que se vean obligados a buscar una nueva vivienda en plena crisis económica y sanitaria.

3. Medidas para los propietarios de viviendas en alquiler

Para los propietarios de viviendas en alquiler, el Real Decreto Ley 15/2020 también contempla algunas medidas de apoyo, como la posibilidad de solicitar a las entidades financieras la suspensión temporal del pago de la hipoteca.

Además, en caso de que el propietario no pueda percibir la renta de alquiler debido a la moratoria establecida, podrá solicitar una línea de financiación al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el importe de las mensualidades no percibidas.

Conclusiones

El Real Decreto Ley 15/2020 representa una importante medida de protección y apoyo para inquilinos y propietarios afectados por la crisis del COVID-19 en el sector de los arrendamientos de uso distinto de vivienda. Estas medidas buscan asegurar la estabilidad del mercado del alquiler y el mantenimiento de la actividad económica, en un momento en el que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la economía y el empleo.

Sin duda, se trata de una normativa que repercutirá positivamente en la situación de muchas familias y empresas, ofreciendo un respiro en un momento de incertidumbre y dificultades económicas. Sin embargo, es importante recordar que estas medidas tienen carácter temporal y que su aplicación está condicionada a cumplir una serie de requisitos establecidos por el Gobierno.