STS Pleno 95/2021: Protección Judicial a la Vivienda Pública

Introducción

La vivienda es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las viviendas de protección pública, destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para las personas con menos recursos, están en peligro? El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo emitió la Sentencia de Pleno 95/2021, en la que se aborda este problema y se ahonda en el papel del poder judicial en la protección de este tipo de viviendas.

Antecedentes del caso

La Sentencia de Pleno 95/2021 se enmarca en un caso en el que una entidad bancaria había llevado a cabo una serie de adjudicaciones de viviendas de protección pública sin cumplir con la normativa vigente. Esto provocó que los propietarios de dichas viviendas reclamaran ante los tribunales la nulidad de estas adjudicaciones. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo finalmente se pronunció sobre este asunto en su sentencia de pleno.

Implicación del poder judicial

Uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es la implicación del poder judicial en la protección de las viviendas de protección pública. En este sentido, el Tribunal Supremo deja claro que el juez tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de viviendas de protección pública. Es decir, no basta con que la Administración Pública otorgue el título de protección, sino que también es necesario que el juez supervise que se están respetando todas las condiciones y requisitos para la adjudicación de estas viviendas.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también destaca la importancia de la colaboración entre Administración y poder judicial en materia de viviendas de protección pública. Se resalta la necesidad de una mayor coordinación para garantizar que las viviendas se adjudiquen de manera adecuada y se preserve su función social.

Consideraciones de la sentencia

La Sentencia de Pleno 95/2021 establece una serie de consideraciones que resultan relevantes para entender su decisión. En primer lugar, se destaca la importancia de que las viviendas de protección pública se mantengan como tales durante al menos diez años, tal y como establece la normativa. De esta forma, se garantiza que estas viviendas cumplen su función social y no se ven afectadas por operaciones especulativas.

En segundo lugar, se hace hincapié en que la normativa de viviendas de protección pública no puede ser obviada, ya que tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para las personas con menos recursos. Es por ello que se establecen una serie de requisitos y condiciones para la adjudicación de estas viviendas, que deben ser respetados por todas las partes involucradas, incluyendo a las entidades bancarias.

Consecuencias de la sentencia

La Sentencia de Pleno 95/2021 tiene importantes repercusiones en el ámbito de las viviendas de protección pública. En primer lugar, deja claro que el poder judicial tiene un papel fundamental en la protección de estas viviendas y en la lucha contra la especulación inmobiliaria. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de una mayor colaboración y coordinación entre Administración y poder judicial para garantizar que las viviendas se adjudican de acuerdo a la normativa y cumplen su función social.

Otra de las consecuencias de esta sentencia es que las entidades bancarias deberán prestar una mayor atención al momento de realizar adjudicaciones de viviendas de protección pública. Deberán asegurarse de cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidos en la normativa, ya que de lo contrario podrían enfrentarse a posibles reclamaciones por parte de los propietarios.

En resumen, la Sentencia de Pleno 95/2021 del Tribunal Supremo es un importante recordatorio de la importancia de la protección de las viviendas de protección pública y del papel del poder judicial en esta materia. Además, destaca la necesidad de una mayor colaboración entre Administración y poder judicial para garantizar el cumplimiento de la normativa y la función social de estas viviendas.